Foto: Caminata por el río Volcán, 2014

Programa Kioscos Socioambientales. El agua se ha convertido en un bien común determinante en los últimos años de conflictividad socioambiental en Costa Rica. Y es que, además de ser un tema central  debido a la necesidad de garantizar la calidad y el acceso universal para la población costarricense, el agua también forma parte de la discusión sobre la matriz energética, ya que casi un 70% de la producción eléctrica nacional proviene de la generación hidroeléctrica.

La tensión entre la producción monopolizada por el ICE, contra la apertura por la generación eléctrica privada, se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos meses. En definitiva, la construcción de mega infraestructuras ubicadas dentro de los cauces fluviales, genera impactos ambientales considerables, además de las enormes implicaciones y preocupaciones que estos proyectos ocasionan a nivel social.

Como bien lo han mencionado varios movimientos sociales y organizaciones comunitarias, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) ha exigido continuar con su negocio energético, con varios escenarios que incluyen: continuar vendiendo energía hidroeléctrica al ICE, vender electricidad a otras distribuidoras eléctricas, ofrecer energía para autoconsumo pagando peajes, y finalmente exportar la energía al Mercado Eléctrico Regional (ver más). Esta última opción fue la que el gobierno anunció con la presentación de un proyecto de ley para los próximos días,  generado preocupación en varios sectores, sobre todo en movimientos sociales y organizaciones comunitarias, quienes rechazan vehementemente cualquier proyecto de ley que permita la exportación de energía hidroeléctrica al Mercado Eléctrico Regional. 

Esta problemática fue discutida ampliamente en la actividad “Impacto y preocupaciones de exportar energía privada a Centroamérica”, transmitida por el Programa Kioscos Socioambientales el pasado 11 de febrero en su página de Facebook (enlace). En dicho conversatorio, se contó con la participación de personas representantes de movimientos sociales y organizaciones comunitarias, como el Movimiento Ríos Vivos, la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, y la Organización Unión Norte por la Vida.

Don Otto Méndez, vecino de San Carlos y miembro de la Organización Unión Norte por la Vida ha afirmado: “estoy harto y cansado de ver la farsa de los productores [privados] de energía, quienes insisten en decir que ese tipo de producción es renovable, cuando tenemos pruebas de que no es así”. Además, el señor Méndez menciona que en sus  17 años defendiendo los ríos de este país, se encuentra sumamente preocupado por este futuro proyecto de ley de exportación de energía privada, ya que no se han considerado los verdaderos costos ambientales de la generación privada, y se priorizan los beneficios económicos que generaría para un reducido sector económico.

Por su parte, Raquel Bolaños, artista costarricense y parte del Movimiento Ríos Vivos, ha dicho que “cuando los productores privados firmaron los contratos, ellos estaban conscientes de los plazos de estos y que además tenían una fecha de vencimiento. Me parece abusivo que, una vez que lleguen los proyectos a este punto, empiezan entonces a reclamar y a presionar al gobierno para que les cambien y mejoren las condiciones. Más bien las comunidades le exigimos al presidente que redacte una ley para prohibir la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos, que son totalmente innecesarios”.

Desde la comunidad de Longo Mai de Pérez Zeledón, Jiri Spendlingwimmer como miembro del Movimiento Ríos Vivos y de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador manifestó su preocupación ante esta problemática. Recordó la lucha que las comunidades de la zona sur del país enfrentaron para frenar la construcción de un enjambre hidroeléctrico, es decir decenas de proyectos hidroeléctricos privados que se pretendían desarrollar en varios ríos de la zona sur, desde los años 2012 hasta el 2018. “No queremos sacrificar nuestros ríos para los negocios de la exportación de energía, en nuestra comunidad ya tenemos bastantes afectaciones con la expansión del monocultivo de piña, quienes además utilizan grandes cantidades de agua para el riego de las plantaciones”, ha dicho Jiri sobre este proyecto, indicando que además preocupa el doble discurso donde, por un lado se habla de demanda energética satisfecha, y por otro lado la necesidad de seguir produciendo energía hidroeléctrica para consumo interno y para exportación.

Durante la actividad se contó con la participación del Dr. Osvaldo Durán Castro, quien insistió en que el conflicto acá planteado es entre la sociedad costarricense y los generadores privados de electricidad, ya que desde el año 1990 estos últimos han desarrollado un favorable negocio privado, a costa de un bien común que (en buena teoría) debería favorecer a la gran mayoría de la población del país.

El Dr. Durán enfatizó en la importancia que han tenido las organizaciones comunitarias defensoras de los ríos frente a los impactos por la generación hidroeléctrica, y en especial cuando esta es llevada a cabo por intereses económicos privados. El experto invitó a la población costarricense a reflexionar y llevar acciones sobre esta problemática, ya que detrás de este proyecto se encuentra un gran negocio privado, que busca aumentar sus ganancias, a pesar de los enormes impactos socioambientales que ocasionaría el aumento de dicha producción eléctrica.

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