Fuente Daniela Araya en crhoy.com
Una muerte lenta le roba la existencia al Refugio de Vida Caño Negro, pues por más bulla que han querido hacer los vecinos, las autoridades o no escuchan o se hacen las sordas.
Mauro Corte, vecino del refugio, denunció que desde hace treinta años la sedimentación empezó un proceso irreversible en Caño Negro. Un señor hizo un “cañito” para ir a su finca y desvió el río, por lo que se metió en la laguna principal de Caño Negro y la sedimentó. A esto se suma la deforestación y varios proyectos que, con permisos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), hicieron catorce kilómetros de drenajes incrementando el problema.
Fuente David Chavarría Hernández en semanario.ucr.ac.cr
La oposición de comunidades como La Curia, en el distrito de Roxana de Pococí, y acuerdos del Concejo Municipal para no otorgar más permisos a las empresas piñeras, no han bastado para detener la expansión a la siembra de este monocultivo en ese cantón de la provincia de Limón.
Desde finales del mes de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta la proclama municipal para no autorizar licencias a las empresas piñeras. Pero en La Curia al menos 400 nuevas hectáreas se han cultivado al margen de la ley en las últimas semanas, dejando en evidencia problemas de regulación para contener el rápido crecimiento de esta actividad económica, tan cuestionada por sus impactos ambientales y sociales.
Fuente María José Fernández en crhoy.com
El estudio “Trabajadores migrantes y megaproyectos en América Central” revela la modificación en la cultura y ocupación de los pobladores en zonas de Guanacaste, donde se ubican transnacionales hoteleras y muestra que los megaproyectos no reducen la brecha social.
“El trabajo buscaba identificar (sobretodo en la zona de Guanacaste, concretamente en el distrito de Sardinal) cuál había sido el impacto de la inversión de turismo en la generación de empleo”, explicó Abelardo Morales, investigador de FLACSO – Costa Rica.
Fuente Gabriela Contreras en crhoy.com
El Fiscal Adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Juan Carlos Cubillo, afirmó a crhoy.com que este mes se podrían presentar las conclusiones de la etapa preparatoria del caso Crucitas. Se trata de la investigación que mantiene el Ministerio Público contra exfuncionarios públicos por la concesión a la empresa canadiense Industrias Infinito para la explotación a cielo abierto de la Mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
“Está en etapa preparatoria, pero ya en el análisis final de los documentos, los fiscales están estudiando la jurisprudencia y doctrina para emitir su requerimiento final, por lo que este mes se podría presentar la conclusión de esta etapa, y definir la situación jurídica de las personas indagadas”, expresó Cubillo.
Fuente Leticia Vindas elfinancierocr.com
Las obras de construcción del proyecto Las Catalinas fue detenido este jueves por orden de la Sala Constitucional, quien acogió para su estudio un recurso de amparo y dictó una medida cautelar.
El proyecto pretende levantar una ciudad de 2.500 villas para extranjeros entre el límite de Santa Cruz y Carrillo de Guanacaste, en la zona costera ubicada entre Hotel RIU y Sugar Beach.
Fuente Vinicio Chacón en semanario.ucr.ac.cr
La propuesta de un curso de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), titulado “El caso Crucitas en la historia de Costa Rica: recopilación de los hechos y lecciones aprendidas”, hizo que el abogado y gerente general de Industrias Infinito, Ciro Casas, pidiera en una carta que “no se efectúen manifestaciones en contra del proyecto Crucitas ni de ninguno de sus funcionarios o representantes” o “la exclusión del Dr. Jorge A. Lobo” del curso.
La misiva fue enviada por Casas al vicerrector de Docencia, Bernal Herrera, quien la remitió a la Rectoría, la cual a su vez envió el asunto a la Oficina Jurídica de la UCR.
Fuente David Chavarría Hernández en semanario.ucr.ac.cr
Diez empresas productoras y exportadoras de piña, afiliadas a la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) debían ¢276 027 097 a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), según el corte realizado la semana anterior por UNIVERSIDAD.
Entre las empresas que figuran en la lista de morosas, destacan Upala Agrícola S.A., presidida por el exministro de Agricultura y actual presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, Alfredo Volio, así como Hacienda Mindoro S.A., sociedad que fue absorbida hace poco más de un año por Hacienda Ojo de Agua S.A. Esta pertenece a Carlos González Pérez, exmiembro de la Junta Directiva del Banco Central y dueño del Grupo Tío Pelón (Ver recuadro: “Empresario financistas del PLN dueños de piñeras con mayor deuda”).
Fuente Jorge Sancho Vargas en prensalibre.cr
“Los planteles en Tambor. Los desarrolladores achatan la montaña para luego construir casas, hoteles, o lo que se les ocurra, destruyendo totalmente el bosque.Fotos: Fudación Cara CaraLa zona marítimo terrestre, aunque no es una categoría de protección como los parques nacionales, junto con estos es la única tierra en el país que realmente es propiedad de todos y todas. Es un bien público imprescriptible e inalienable y además comprende probablemente los bienes inmuebles más valiosos, de ahí que tengás a todo el mundo detrás de ella”.
De esa manera nos introduce el ambientalista Héctor González dentro de la problemática que vive un país cuyos gobiernos alardean “en la calle” de ser conservacionistas, pero que “en la casa” es totalmente lo contrario, pues más bien se libra una guerra contra la naturaleza.Fuente Carlos Salazar Hernández en elpais.cr
Fuente elpais.cr
Fuente María Siu en crhoy.com
El Tribunal Ambiental ya tiene lista la resolución sobre el supuesto daño ambiental en la trocha fronteriza a raíz de la tala de árboles y la supuesta intervención en humedales de la zona. Sin embargo, el resultado de la investigación aún no ha sido notificado a las partes, por lo cual el órgano no se puede pronunciar con respecto al fondo.
Fuentes allegadas a crhoy.com indicaron que la resolución estaría siendo notificada entre este viernes y el próximo lunes. La investigación inició hace un mes y la resolución es vinculante, es decir, que deberá ser acatada por las entidades respectivas en caso de que se lleguen a sentar responsabilidades.