Fuente Daniela Araya en crhoy.com

El proyecto Diquís es una ambiciosa apuesta que hace el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para subsanar la necesidad de energía a nivel nacional. No obstante, las implicaciones del mega proyecto se salen de las manos de la entidad pues cerca de 800 hectáreas están protegidas por la ley indígena y requieren del consentimiento de los pueblos autóctonos de la zona para acceder a los territorios, mientras que por otro lado existe la posibilidad real de enterrar patrimonio nacional de gran envergadura –que incluso podría ser Patrimonio Mundial- y tener afectaciones al ambiente.

 

Fuente Ana V. Amenábar C. en diarioextra.com

En una carrera contra el tiempo, la firma española Acción Ingeniería y su socia tica Interforest darán inicio, en los próximos días, a los estudios de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto internacional en Osa, Zona Sur.

Estas dos empresas tendrán solo 9 meses para determinar la factibilidad del proyecto, el cual ha sido muy cuestionado principalmente por ambientalistas y estudiantes de la Universidad de Costa Rica, por su cercanía con el humedal de Térraba.

 

Fuente Randall Rivera Vargas en radioreloj.co.cr

La jueza de ejecución de lo Contencioso Administrativo, Lorena Montes de Oca, visitará la mina Crucitas en Cutris de San Carlos, el próximo viernes 1 de junio con el fin de determinar los daños ocasionados al ambiente por la operación de la empresa Industrias Infinita.

Fuente Roberto Portuguez en prensalibre.cr

Un grupo de vecinos de Acosta, Aserrí y Parrita denunciaron una serie de hechos que consideran “irregulares” en torno a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, el cual es ejecutado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Parritón, que según los vecinos lo elabora una empresa privada.

 

Entre los puntos que denuncian está que se perdió la tranquilidad, el agua de los ríos estaría supuestamente contaminada, invasión de fincas privadas sin permisos y hasta casos “comprobados” donde han estado dinamitando ciertos sectores por parte de la empresa privada para poder avanzar con las construcciones.

 

Fuente Eugenia Soto Morales en elfinancierocr.com

La española Acciona Ingeniería y su socia costarricense Interforest serán las encargadas de elaborar los estudios de factibilidad ambiental para el nuevo aeropuerto del sur.

El consorcio ganó el contrato licitado a través de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y tendrá un plazo de nueve meses para determinar la factibilidad de la obra, cuya cercanía con el humedal Térraba – Sierpe ha despertado los temores de ecologistas y empresarios turísticos.

Fuente César Blanco / Oliver Pérez en prensalibre.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) ordenó ayer el cierre temporal del tajo que concesiona la empresa Pedregal en Nicoya para la explotación del mismo, esto porque vecinos del cantón al igual que la Municipalidad presentaron una denuncia por la contaminación que provoca el quebrador con el polvo que emana desde 1992.

 

El cierre se da de forma temporal en la resolución 497-12-TAA mientras se realizan las investigaciones  y se pueda determinar la veracidad de la denuncia realizada por la bióloga municipal Elizabeth Fernández. Desde hace tres años se viene dando un conflicto debido a que la Municipalidad ha afirmado que hay una contaminación visual, estética y ambiental.

Fuente Jimena Soto en crhoy.com

La Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) se embarcó en un negocio que para la Junta Directiva es muy ostentoso, pero para los especialistas podría ser arriesgado y hasta ofrece muchas probabilidades de perder… Se trata de la construcción de una nueva refinería de combustibles en Moín, Limón.

 

El proyecto costará cerca de 1 400 millones de dólares. De éstos, el Banco de Desarrollo Chino prestará 900 millones de dólares, mientras que una “empresa conjunta” llamada SORESCO y conformada por la refinería china CNPC (encargada de llevar a cabo el proyecto) y Recope aportará los millones de dólares restantes; cada parte deberá desembolsar 185 millones.

 

Fuente elpais.cr

Los abogados del académico Jorge Lobo Segura, catedrático de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), anunciaron que el juez decidió suspender la audiencia prevista para hoy lunes 28 de mayo en la causa penal por difamación, interpuesta por la empresa minera canadiense Industrias Infinito Gold S.A.. 

Un supuesto problema de salud del abogado José Luis Ocampo Rojas, contratado por Infinito Gold, es la causa indicada para suspender una audiencia en la causa penal de la minera canadiense.

 

Fuente Ernesto Rivera en nacion.com

Durante un año el Gobierno eludió establecer controles ambientales y no tuvo ningún plan para mitigar el daño que provocaba sobre la naturaleza la construcción de la trocha Juan Mora Porras, en la frontera con Nicaragua.

Entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, la maquinaria avanzó a lo largo de 160 kilómetros de bosques, pastizales, ríos y humedales sin valorar el impacto sobre el entorno, ni realizar un inventario forestal, ni designar un equipo que ejerciera la regencia ambiental del proyecto.

Fuente Ernesto Ramírez en semanario.ucr.ac.cr

Los grupos ambientalistas que encabezan la lucha contra explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas, en Cutris de San Carlos, presentaron a la jueza un equipo técnico integrado por cuatro especialistas en materia ambiental para que realicen la evaluación de los daños ocurridos en la zona.

Se trata de Edwin Alpízar, ingeniero forestal, el biólogo y botánico Eduardo Chacón, el especialista en suelos Rafael Mata y el economista ambiental Marino Marozzi.

Fuente Javier Córdoba Morales en semanario.ucr.ac.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) enfrenta serias dificultades económicas que le impiden atender adecuadamente la orden de la Sala Constitucional (IV), de hacer públicas sus audiencias.

Así lo afirmó a UNIVERSIDAD el presidente del TAA, José Lino Chaves, luego de que la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, contra el reglamento de procedimientos de este tribunal.

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