Fuente Gloriana Corrales en aldia.cr

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) solicitará el próximo lunes el ingreso de sus expertos a las fincas del proyecto minero en Crucitas de San Carlos para corroborar los daños ambientales ocasionados por la tala rasa.

Hasta el momento, la antigua concesionaria Industrias Infinito ha negado el ingreso de expertos ambientalistas. La vocera de la firma canadiense, Yoquebec Soto, reiteró en varias ocasiones que solo se permitirá la entrada de peritos nombrados por un juez.

Fuente elpais.cr

Dirigentes indígenas de Costa Rica reclamaron la “falta de buena fe del Gobierno”, en lo relacionado con la consulta a los pueblos originarios sobre el proyecto hidroeléctrico Diquis, a construir en el río Térraba en la zona sur del país.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), se realizó este miércoles un foro sobre la situación del Proyecto Hidroeléctrico  El Diquis con representantes  indígenas de Térraba, líderes estudiantiles y académicos. 

Fuente Ernesto Ramírez en semanario.ucr.ac.cr

El pronunciamiento de la Sala Constitucional (IV) sobre una acción interpuesta por Industrias Infinito contra la sentencia en firme -dictaminada por la Sala Primera- y que ordenó la anulación de la concesión a la empresa extranjera, parece inminente.

La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.

Fuente David Chavarría Hernández en semanario.ucr.ac.cr

Mediante una acción de inconstitucionalidad, Rolando González -presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- solicitó anular la ley 6172, denominada “Ley indígena”, que fue aprobada en 1977 con el fin de proteger los intereses de las 24 comunidades indígenas en el país.

Dicha acción es reprochada por representantes de pueblos indígenas y de especialistas en materia legal, quienes critican a la institución agraria.

Fuente Gerald Valverde Santos en pais.cr

Luego del cierre de la empresa piñera Agrícola Agromonte por no acatar las disposiciones del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) instó a la empresa y al Ministerio de Trabajo a “que intervenga y proteja los derechos de las y los trabajadores”.


La UNT afirma tener dos seccionales en las empresas piñeras de la zona norte, específicamente en Monte La Providencia SA y Agrícola Agromonte SA.

Fuente pais.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), deberá celebrar las audiencias públicas, gracias a una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez.


La acción fue presentada contra el artículo 24 del Reglamento de Procedimientos del TAA, adscrito al Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), que ordenaba audiencias privadas. 

Fuente elpais.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), ve con buenos ojos la decisión de la Sala Constitucional de que las audiencias en esta entidad sean públicas

“El TAA está realmente contento de que las audiencias ambientales puedan ser públicas tras el reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional, aunque no conocemos aún la totalidad del fallo”, aseguró José Lino Chaves, Presidente del Tribunal.

Fuente Vinicio Chacón en semanario.ucr.ac.cr

Mientras que el cantón de Pococí proclamó su primera moratoria para detener el avance del cultivo de la piña, Guácimo amplió la suya para proteger el recurso hídrico, mediante acciones que fueron  decididas de manera unánime por los respectivos concejos municipales.

En el caso de Guácimo, su Concejo Municipal ratificó el pasado 27 de abril la moratoria que desde hace cuatro años emitió sobre el cultivo de piña, con el factor adicional de que se estableció que todo el recurso hídrico de la zona se destinará al consumo humano. En esta oportunidad, el alcance de la moratoria es de dos años.

Fuente César Blanco en prensalibre.cr

Un estudio del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha revelado que desde hace más de 10 años los plaguicidas utilizados en distintas plantaciones de plátano, banano, piña y arroz han afectado la salud de los habitantes de Talamanca, principalmente la de los niños.

Desde el 2006 al 2008 el IRET-UNA realizó investigaciones en esa zona para determinar la afectación humana de los plaguicidas utilizados en dichas plantaciones, como un estudio sobre la exposición a plaguicidas en 140 niños indígenas entre 6 y 9 años de la zona de Talamanca, evaluando el contacto que tenían los menores con el insecticida clorpirifos, usado en bolsas plásticas para proteger la fruta; obtuvieron muestras de orina de los niños para analizar en ellas químicos y se tomaron muestras de aire, suelo y agua.

Fuente elpais.cr

La gestión ambiental de la administración de Laura Chinchilla Miranda no ha mostrado avances significativos y más bien ha sido “todo lo contrario”, afirmó el abogado ambientalista, Álvaro Sagot.

Sagot ha seguido el pulso en el tema ambiental a la realidad nacional, dada su actividad académica y litigante como abogado y como fuerte y riguroso defensor del ambiente en Costa Rica.

Fuente María Siu Lanzas en diarioextra.com

Los trabajadores de las plantaciones de piña pidieron a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk, que haga una visita sorpresa a las fincas para que vea con sus propios ojos las supuestas violaciones a los derechos laborales, ambientales y humanos.

La solicitud la hicieron en el Parque Central de San José a Piszk. Parte de lo que demandan es que se respete el ejercicio de la libertad sindical, que se dan en las grandes plantaciones de piña de la Zona Norte del país.

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