Fuente: elpais.cr
La Escuela de Ciencias Sociales, Área Jurídica, curso Derecho Ambiental, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) organizó este Miércoles 7 de marzo el foro titulado : “Camino fronterizo, beneficios versus impacto ambiental”.
Fuente: Randall Rivera Vargas en monumental.co.cr
Una letrada de la Sala Primera de la Corte, admitió en una declaración jurada ante la magistrada Julia Varela que ella se reenvío el anteproyecto del caso Crucitas del correo del Poder Judicial a uno comercial con el fin de poder abrirlo en su casa.
Varela está a cargo de la investigación administrativa de la fuga de información del caso Crucitas en la Sala Primera de la Corte. Paralelamente hay una investigación penal del Ministerio Público en la que figura como imputado el exmagistrado suplente Moisés Fachler.
Fuente: Randall Rivera Vargas en radioreloj.co.cr
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, le confirmó este viernes a Noticias Reloj que el expresidente Oscar Arias Sánchez, está siendo investigado penalmente en el caso Crucitas.
El nombre del exmandatario y Premio Nobel de la Paz, aparece en la caratula del expediente principal como uno de los investigados del caso, aunque aún no figura como imputado debido a que no ha sido indagado por ningún delito.
Fuente: radioreloj.co.cr
Los ambientalistas que ganaron el proceso contencioso del caso Crucitas y que lograron que se condenara al Estado y a la empresa Industrias Infinito por daño ambiental, iniciaron el proceso de ejecución de sentencia, con el que buscan cobrar una indemnización.
El lunes presentaron ante el tribunal una lista de especialistas que proponen para ingresar a las fincas de la empresa en Cutris de San Carlos, y determinen el dinero a cobrar por los daños ocasionados.
Fuente: Luis Llach Cordero, Rodolfo Silva Vargas, Helio Fallas y otros* en diarioextra.com
Las personas y organizaciones académicas sociales y ambientalistas abajo firmantes ponemos de manifiesto ante la opinión pública y ante las autoridades de gobierno, en particular al señor Vicepresidente Alfio Piva y a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ing. Irene Campos, nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM 2030), elaborado por el Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo (INVU), y que según manifestaciones de su presidenta ejecutiva en el Semanario Universidad (edición del 22 al 28 de febrero del 2012), se espera la firma del decreto ejecutivo para antes del próximo mes de mayo del 2012. Las razones que fundamentan esta posición son las siguientes:
Fuente: Miren Martínez Ruíz en elpais.cr
La reiterada generación de problemas ambientales y operativos, mediante supuestos permisos no ajustados a la legalidad, han llevado a la comunidad La Florita de Anita Grande de Jiménez, Pococí, a cerrar la empresa piñera PARSA, con la ayuda brindada por parte del Concejo Municipal de la localidad y el auxilio de la Fuerza Pública.
Fuente: Irene Vizcaíno en nacion.com
La Fiscalía llamó ayer a cuentas al exministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, quien fungió en el gobierno de Óscar Arias.
El exjerarca fue indagado en la tarde en San José dentro del proceso que se le sigue por el delito de prevaricato (resolver contra la ley) en relación con los permisos otorgados a la minera Industrias Infinito para extraer oro de Cutris, en San Carlos de Alajuela.
Fuente: Vinicio Chacón en semanariouniversidad.ucr.cr
El abogado y ambientalista opositor a la mina Las Crucitas ‒Edgardo Vinicio Araya‒ rechaza de manera enfática la acusación de que le ofreció ¢2 millones a uno de los defensores de este proyecto minero, para que dijera haber estado presente en una reunión en la que habría sido entregado el borrador de la sentencia de la Sala I, el cual anuló la concesión a la empresa Industrias Infinito.
Mientras tanto, la persona a la que le habría pagado: el abogado José Eduardo Vargas Rivera, del Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos, ofreció a UNIVERSIDAD un relato detallado de las circunstancias en las que Araya supuestamente le ofreció ‒primero a través de una tercera persona y luego personalmente‒ la suma de ¢2 millones
Fuente: Vinicio Chacón en semanario.ucr.ac.cr
En el pueblo de Corral de Piedra -ubicado en Nicoya y aledaño a un cerro y humedal que llevan el mismo nombre- ha generado preocupación la eventual instalación de un proyecto de extracción de piedra caliza, que en ese cerro instalaría la empresa Holcim.
Las preocupaciones surgen debido a que los pobladores han comprobado que la empresa ya compró un terreno denominado Hacienda Venecia, que abarca buena parte del cerro colindante y el humedal.
Mirando a distancia y omitiendo la pericia del detalle, como habitualmente se hace, la actividad de conservación ambiental luce su atuendo de bondad y loables intenciones. Aparenta en todo momento alcanzar el objetivo de mantener y perpetuar los recursos naturales. Pero detrás de las expectativas y prácticas “conservacionistas” también convergen intereses de muy variado origen y ajenos al amor por la naturaleza.
Tal es el caso del cálculo político que se pone en juego cuando, bajo el soporte de la conservación ambiental, subyacen mecanismos de coerción política, como en el conflicto fronterizo de Isla Calero. De igual modo sucedió con la introducción al país del discurso del desarrollo sostenible en el gobierno de José María Figueres Olsen. En ambos casos se hace política y politiquería al amparo de la conservación ambiental.