Escrito por EDUARDO RAMÍREZ FLORES (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)
Seis analistas le pusieron una nota de reprobado al mandatario Óscar Arias, por su labor en tres áreas esenciales para el país.
“Más ruido que música”, sería una frase que ilustra la labor del mandatario Óscar Arias Sánchez en su gestión de cuatro años en materia de ambiente, seguridad y vivienda, según opinaron varios analistas consultados por este Semanario.
Si las elecciones nacionales del próximo 7 de enero se pudieran interpretar como una ratificación de la labor de este Gobierno en los campos mencionados, la candidata oficialista Laura Chinchilla (Partido Liberación Nacional –PLN-) se vería enfrentada a una dura prueba, de incierto resultado.
No obstante que le reconocieron ciertos logros, seis analistas hicieron un balance que dio un resultado general negativo, respecto de las obras gubernamentales concretadas y la larga lista de “pendientes” que quedan del periodo del 2006 al 2010. Es decir, la Administración Arias resultó reprobada.
La percepción negativa sobre lo hecho por el mandatario, la tienen Helio Fallas Venegas, economista, y exministro de Planificación y de Vivienda; Carlos Sandoval García, comunicador y exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR); Rogelio Ramos Martínez, abogado y exministro de Seguridad Pública; Freddy Pacheco León; biólogo de la Universidad Nacional y ambientalista; Paul Chaves Cambronero, abogado y experto en temas de seguridad; y Jorge Lobo Segura, biólogo de la UCR y ambientalista.
Los tres campos evaluados: seguridad, ambiente y vivienda, han tenido gran preponderancia en el acontecer del país desde el 8 de mayo del 2006, cuando el presidente Arias asumió las riendas del país por segunda vez, cargado de abundantes promesas. Cuatro años después, los resultados hablan por sí solos.
¿SEGURIDAD O... INSEGURIDAD?
Al plantear un tema clave como la seguridad ciudadana, tras escuchar a los analistas queda la impresión de que más bien la preocupación entre las personas es la inseguridad que experimenta la población.
Para el exministro (2002-2006) de este ramo, Rogelio Ramos, el aporte que hizo este Gobierno en cuanto al presupuesto del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial fue muy importante, ya que se pasó de ¢60.000 millones al concluir su labor como jerarca, a ¢160.000 millones para el 2010.
Lo anterior, en su opinión marca una voluntad política decidida a fortalecer esta área, “en donde evidentemente no hay mucho logros, porque las cifras por denuncias prácticamente muestran incrementos importantísimos, como la de homicidios –la más grave de todas-, en la que pasamos de 300 en el 2006, a más de 400 en el 2009, en un crecimiento que es alarmante”.
Ramos Martínez afirmó que también hay un esfuerzo en la lucha contra las drogas, con el patrullaje conjunto con Estados Unidos “que nosotros dejamos”. Sin embargo, sostiene que en el capítulo de delitos contra la propiedad “no hay mucho que destacar y más bien es negativa la gestión”.
Al preguntársele por qué si el Gobierno consiguió más fondos para la seguridad se ha incrementado la delincuencia, explicó que no necesariamente esto se traduce en una buena gestión, dado que “se abandonaron las estrategias, por ejemplo en la policía comunitaria, que es un elemento clave de unión entre la policía y la comunidad, para tomar medidas conjuntas”.
Tampoco se continuó con el programa de seguridad comercial y se dieron los cambios en los mandos de los cuerpos policiales, “con raigambre política, pero ninguna capacidad ejecutiva ni policial”. Fustigó la labor desarrollada por el exministro Fernando Berrocal, por hacer poco y “apropiarse de méritos que no eran de él, como el patrullaje conjunto, que era de los gringos”.
Acerca de la actual ministra –Janina Del Vecchio-, dijo que entró en una coyuntura que era difícil, pero con el tiempo se verá que ha hecho cosas positivas, como la profesionalización distrital de la policía, sumado a la mejora del manual de puestos y de los salarios.
Ramos Martínez cree que más que un problema de seguridad, lo que hay es uno de administración de la justicia en un sentido amplio, que obliga a revisar todo el sistema: policía, jueces, legisladores, magistrados.
En vista del entorno internacional de violencia y delincuencia –como en México-, ve a Costa Rica en peligro de seguir ese camino, por lo que instó a los futuros gobernantes a ponerse de acuerdo para diseñar una política de seguridad acorde con las necesidades actuales.
Por su parte, Paul Chaves Cambronero –quien ha ocupado desde 1993 diversos cargos en el Ministerio de Seguridad- coincidió con Ramos en que la alta tasa actual de homicidios: 11 por cada 100.000 habitantes en el 2008, es un indicador fiel de la situación de inseguridad en el país.
A su entender, si bien no se puede decir que esto es culpa del Gobierno, coincide con la gestión de esta administración.
Chaves aseguró que en los últimos cuatro años, la tasa de victimización de las personas creció y para ello citó como fuente el Informe Estado de la Nación, el cual detalla que en el 2008 de cada cuatro personas una sufrió de robo a su domicilio, mientras que en el 2007 la relación era de una de cada diez.
Además se respaldó en el Informe global de competitividad del 2008 del Foro Económico Mundial, que ubicó a Costa Rica en el lugar 104 de 133, según la percepción de inseguridad de los inversionistas.
El experto estima que la administración Arias Sánchez falló en hacer decrecer la tendencia de los últimos años en sensación de inseguridad y la tasa de homicidios.
Considera positiva la tarea de decomisar drogas, aunque no se tiene la certeza de si es que se mejoró la eficiencia de los cuerpos policiales o es que aumentó el ingreso de estupefacientes.
Resaltó como logros la entrada en vigencia de leyes y reformas como la de psicotrópicos, contra el crimen organizado, de protección de testigos, y contra los matrimonios por conveniencia, al igual que labor empredida por las autoridades de migración. Por el contrario, cuestionó el nombramiento de la ministra Del Vecchio en el Ministerio de Seguridad, por su falta de idoneidad.
Recordó el incumplimiento de esta Administración de aumentar el número de policías, sector en el que la movilidad o rotación de estos es muy alta, debido a los bajos salarios y a las malas condiciones generales en que deben trabajar.
Chaves también mencionó la insuficiente gestión internacional que hizo el Gobierno, para conseguir recursos de cooperación contra el tráfico de drogas o el crimen organizado. Del Plan Mérida solo se obtuvo cerca de $1 millón, mientras que México logró más de $300 millones.
MENOS VIVIENDAS
Por otro lado, la promesa inicial del mandatario Arias Sánchez, de reducir a la mitad el número de familias con viviendas en precarios y tugurios, quedó en un bonito ofrecimiento que no llegó a ser una realidad.
Quien ocupó en distintas administraciones los ministerios de Vivienda y de Planificación, Helio Fallas Venegas, puntualizó que la memoria del 2009 de la Contraloría General de la República hace una proyección en la que indica que el cumplimiento de la mencionada meta que se fijó el Gobierno, si acaso llegaría a un 33%.
En ese informe se precisaba que de acuerdo con datos del Banco Hipotecario de la Vivienda, en el 2008 esa entidad atendió con bonos 12.714 casos de personas en el estrato más pobre, mientras que el 2009 bajó a 9.642.
De igual manera, hizo ver que en octubre del 2008 la misma Contraloría dio a conocer un documento en el que cuestionaba los parámetros de calidad estipulados para la construcción de viviendas de interés social, al tiempo que pedía correcciones al respecto, que no cree que a estas alturas se hayan corregido.
El estudio pedía mejorar las auditorías de calidad, con el fin de que los proyectos de interés social fueran construidos con mayor rigurosidad.
Fallas es del criterio que el programa para mejorar la infraestructura comunal en los barrios tampoco ha funcionado de la mejor manera y el cumplimiento que inicialmente se había previsto, quedó muy por debajo de lo planeado.
El exministro además calificó de débil lo hecho en planificación urbana y una muestra es que el programa (PRUGAM) que se terminó el año pasado en esta área, aún el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo no lo ha analizado, ni ha decidido qué hacer con él.
Rememoró que a pesar de que durante el primer gobierno de Arias (1986-1990) se arrancó con el sistema financiero para construir viviendas y ahora este ya está afinado, en el actual no ha sido debidamente aprovechado y se pudo hacer más, aun con los cambios habidos en la jerarquía de esa cartera por escándalos e irregularidades.
Por su parte, el comunicador Carlos Sandoval García –quien ha trabajado desde el Instituto de Investigaciones Sociales en proyectos relacionados con el sector vivienda- también evocó los proyectos de vivienda social, como carta de presentación del primer gobierno del actual mandatario.
En contradicción con los planes de aquella época, aseveró que ahora la construcción de viviendas es uno de los programas más erráticos, con múltiples ofrecimientos hechos por el exministro Fernando Zumbado de entrega de títulos de propiedad y mejoramiento de comunidades en donde no había acceso a servicios básicos.
Como muestra de lo anterior, recordó que Zumbado pidió en un discurso en una iglesia de la ciudadela La Carpio, que no lo aplaudieran al inicio del gobierno sino al final, porque iba a resolver problemas fundamentales de esa comunidad. “Realmente todo lo dicho acabó en nada”, acotó.
Sandoval lamentó que a pesar de que había recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), igual no se invirtieron en las necesidades de esa ciudadela, debido a la incapacidad gubernamental de consolidar una política en esta materia.
En razón del manejo errático en el tema de la vivienda por parte de esta Administración, concluye que se ha hecho menos que en el primer mandato de Arias, tal como lo percibe también Helio Fallas.
Un ambiente con lógica de mercado
“En términos generales, la administración Arias ha sido un ejemplo de cómo la lógica del mercado, la búsqueda de inversiones a cualquier costo, y la implementación de la economía neoliberal, significan un desastre para el ambiente”, aseguró Jorge Lobo Segura, biólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ambientalista.
Al igual que Lobo, el ambientalista y biólogo de la Universidad Nacional, Freddy Pacheco León, concuerda en que el gobierno de Óscar Arias Sánchez deja un balance negativo en el campo del ambiente.
Lobo Segura recordó que esta tendencia a manejar el ambiente con una lógica de mercado, comenzó a perfilarse desde los primeros meses de este gobierno, al mismo tiempo que se lanzaba el proyecto "Paz con la Naturaleza", que “resultó más una iniciativa para promover la imagen de Óscar Arias, que una verdadera iniciativa ambientalista”.
Dentro de los aspectos negativos de esta administración, el biólogo de la UCR mencionó que con la excusa de la falta de madera en el país, el Ministerio del Ambiente al inicia lanzó una estrategia de desarrollo forestal y uno de los objetivos era incentivar la extracción de madera de bosques naturales por medio de los planes de manejo forestal, “de triste memoria en los bosques de Osa y en todo el país. Al final el Gobierno tuvo que dar marcha atrás”.
Lobo describió además otras actividades que han provocado serios daños al ambiente y la calidad de vida de las personas, como las extensas plantaciones de piña y la expansión de la industria inmobiliaria, las cuales han generado contaminación y sedimentación de ríos, erosión de manglares y arrecifes, y la destrucción de bosques.
En estos impactos al ambiente, considera que han jugado un papel cómplice instancias como las municipalidades, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Ministerio de Salud.
Precisó que el fuerte desarrollo inmobiliario “tiene un impacto adicional sobre el ambiente pocas veces conocido: la extracción masiva de grava y arena de los ríos por empresas constructoras, con impactos tremendos sobre los organismos acuáticos y marinos”.
En el caso del proyecto minero a cielo abierto en Las Crucitas, afirmó que en este “el Gobierno mantiene coherencia con su política de apertura al capital extranjero a cualquier precio. La declaratoria de conveniencia nacional del proyecto minero, acto del cual el gobierno Arias es totalmente responsable, será recordada como el acta de defunción de las leyes ambientales que protegen los bosques y ambientes naturales del país, porque la nueva lógica del decreto establece que la acumulación de riqueza de una empresa justifica la extinción de un bosque”.
A su parecer, la minería de oro y en general la minería metálica a cielo abierto, ha encontrado en este decreto la base legal para expandirse sobre casi cualquier área que necesite. “¿Será por eso que están proliferando las solicitudes de concesión de exploración de oro en la Península de Osa?”, preguntó.
Mientras tanto, pese a sostener que esta Administración arroja un balance general negativo en cuanto a ambiente se refiere, el biólogo Freddy Pacheco le reconoció algunos logros.
Uno de ellos sería la recuperación de la soberanía en la toma de decisiones, en el marco del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ya que al inicio de la administración, “organismos extranjeros ejecutores de un ostensible `biocolonialismo´ ocupaban posiciones relevantes dentro de la jerarquía informal del Ministerio del Ambiente, desde donde, a partir de aportes financieros condicionados, habían sustituido hasta al mismo ministro de Ambiente en la toma de decisiones de interés nacional, con el agravante de que además de estar utilizando recursos públicos en su favor, lo hacían mediante mecanismos nacidos del `amiguismo´ y no de las normas legales”.
Según Pacheco, gracias a lo anterior, hoy se puede decir que hay una mayor soberanía en la toma de decisiones en el marco del MINAET, lo cual ha permitido avanzar en la generación de propuestas dirigidas, por ejemplo, a enfrentar el grave conflicto relacionado con la tenencia de la tierra en las áreas de conservación, creadas sin sustento económico para su consolidación y mediante leyes hechas a la ligera por personas no capacitadas para ello.
Otro aspecto positivo que percibe es el fortalecimiento en recursos humanos y materiales de la SETENA, que ha venido a mejorar el trabajo de los profesionales del organismo, sobre todo en lo relativo a los procesos conducentes a otorgar las viabilidades ambientales de aquellos proyectos de desarrollo que así lo demanden.
No obstante, Pacheco León considera que “frente a los pocos logros, tenemos muchas carencias. Aunque desde hace unos 15 años se reconoce legalmente la importancia de las áreas boscosas por el valor intrínseco de su biodiversidad, su belleza, sus recursos hídricos, principalmente, no se ha logrado avanzar adecuadamente hacia la consolidación del Sistema de Pago por Servicios Ambientales, del que tantas expectativas se tenían”.
Asimismo, agregó que “el esfuerzo político, promocionado en el extranjero, de liderar un movimiento hacia la mitigación del cambio climático donde las acciones por reducir la deforestación y la degradación de los ecosistemas boscosos llegaren a convertirse en el centro de acción, no ha pasado de ser una promesa incumplida”.
De acuerdo con el biólogo, alrededor del 60% de los ecosistemas está en degradación, con la consecuente aceleración en la pérdida del recurso hídrico por su mal uso y poca inversión, a lo que se suma la sobrepesca, que ha colapsado esa industria.
Cuestionó también que “el desordenado desarrollo de las zonas costeras, de gran belleza escénica y por tanto de gran potencial turístico, no se ha visto acompañado de una adecuada planificación que considere, por ejemplo, densidades de construcción, altura de edificaciones, manejo de aguas residuales y otros”.
El creciente uso de hidrocarburos, el manejo inadecuado de las aguas servidas, la ineficiente recolección de desechos sólidos y la ausencia de un debido ordenamiento territorial, son otras fallas que quedan latentes al terminar el actual gobierno.
