Industrias infinito alega difamación. Empresa pide ¢500 millones por declaraciones dadas en un documental. Al menos cinco personas enfrentan acciones civiles planteadas por firma

Amy Ross nacion.com

La empresa Industrias Infinito, encargada del proyecto de Crucitas en Cutris, San Carlos, demandó a dos profesores universitarios por supuestas declaraciones difamatorias en contra de la minera.

Se trata de los profesores Nicolás Boeglin, especialista en derecho internacional, y Jorge Lobo, biólogo, quienes participaron de un documental sobre la minería a cielo abierto.

El productor del audiovisual, Pablo Ortega, comentó que la empresa minera pretende una indemnización por ¢500 millones de cada uno de los académicos.

“La demanda es a raíz de un documental llamado El Oro de los Tontos que yo produje para la Escuela de Biología en junio pasado, tanto por declaraciones que se hicieron allí, como por un foro para presentarlo”, aseguró Ortega.

Ciro Casas, uno de los abogados de Industrias Infinito, se limitó a confirmar que existen varias querellas por difamación. Sin embargo, no precisó quiénes ni cuántos son los demandados.

Boeglin y Lobo se suman a, por lo menos, otras tres personas que ya enfrentan denuncias de esta empresa: los diputados Claudio Monge y Manrique Oviedo , ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el abogado ambientalista Edgardo Araya.

Declaraciones en cuestión. Según explicó Lobo, la semana pasada recibió la notificación de una acción civil resarcitoria planteada ante los tribunales de justicia en agosto, por dos declaraciones suyas.

“En una yo menciono la existencia de accidentes con las lagunas de relave que producen contaminación con aguas cianuradas. Ellos dicen que eso es difamación porque estoy hablando mal de la empresa”, indicó Lobo.

”La otra acusación se refiere a que yo mencioné que la empresa cumplió con los trámites de una forma sesgada a su favor y que además, yo percibía que habían realizado compras de voluntad dentro del proceso con favoritismo a lo interno del Estado”, agregó.

La semana pasada, el magistrado suplente Moisés Fachler Grunspan pasó a ser imputado en una investigación que realiza la Fiscalía por la filtración del borrador de un fallo de la Sala Primera sobre el caso Crucitas.

Ese veredicto decidirá el futuro del proyecto minero.