Por supuestos beneficios al entregar permisos de construcción

Escrito por Roberto Portuguez en prensalibre.cr

Los diputados Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana (PAC) y José María Villalta del Partido Frente Amplio (PFA) denunciaron ante la Fiscalía una serie de hechos de prevaricato que supuestamente habrían sido cometidos por Luis Alonso Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros.

Todo se remonta al pasado periodo de gobierno cuando Gutiérrez fungía como Vicealcalde en la Municipalidad de Alajuela. Allí, según explicó el diputado Claudio Monge, en exclusiva a LA PRENSA LIBRE, supuestamente se entregaron permisos de construcción a una empresa cementera contra criterios técnicos y faltando permisos de impacto vial.

La empresa se ubica en San Rafael de Ojo de Agua y los diputados alegan que allí, en apariencia, no se podrían hacer construcciones de este tipo.

La denuncia, de la cual El Decano de la Prensa Nacional tiene copia, cita textualmente que “la actividad de producción cementera no puede por regla general ser establecida en la zona industrial. Se autoriza para zonas especiales, rurales de preferencia, siempre alejadas a la población. Si se cumple con ciertos requisitos pueden ser autorizadas en la zona Tres. San Rafael de Ojo de Agua pertenece a la zona Dos”.

Además, la denuncia explica que “la resolución Municipal no analizó el Reglamento de Zonificación Parcial, como lo exige el mismo artículo 134 del Plan Regulador”. Por esto en una carta enviada al Fiscal General, Jorge Chavarría, Villalta y Monge piden que se investigue el caso en el que Gutiérrez firmó los documentos para otorgar los permisos.

De momento, la denuncia está en investigación y verificación de datos e información así como entrevistas a las partes.

“No tengo denuncias en mi contra”

El abogado de profesión, Luis Alonso Gutiérrez, respondió a los cuestionamientos de los diputados. “Yo desconozco esa denuncia y sabe porqué, porque yo no tengo denuncias en mi contra. Un cosa es que se recomiende a la fiscalía investigar unos hechos y otra que se me acuse directamente a mí”, señaló Gutiérrez.

Agregó que “hubo muchas decisiones en la Municipalidad que se tomaron para esta empresa. Yo tuve que ver en solo dos de ellas y eran relacionadas con los permisos de construcción. En su momento el Consejo Municipal ratificó que todo lo actuado estaba correcto, pero yo lo revoqué por aspectos de urbanismos que hacían falta”.

Sin embargo, Gutiérrez indicó que luego de que la empresa cumplió con los permisos del MOPT y Setena volvieron a solicitar la patente municipal y allí se le otorga. “En todos los actos hay un plan de urbanismo donde lo que no está prohibido en el plan regulador está permitido. Entonces lo único que me quedó fue resolver y otorgar los permisos. Yo no puedo decirles que no simplemente porque quiero”, detalló el abogado y ahora directivo del INS.

Gutiérrez finalizó aclarando que para que exista prevaricato necesariamente tendría que haber una intención dolosa para que sea un delito, pero por la forma en que la denuncia se presenta, supuestamente no cabría esta acusación.

La decisión la tendrán los fiscales luego de la investigación a cargo.