Escrito por Emanuel García Jiménez semanario.ucr.ac.cr

Mientras el Estado antes era un mediador en los conflictos ambientales, ahora los genera porque su prioridad está en el crecimiento económico, concluyó Leonardo Merino Trejos, coordinador del capítulo Armonía con la Naturaleza del Programa Estado de la Nación, al presentar el XVII Informe del Estado de la Nación: Capítulo Ambiental, el pasado 8 de diciembre en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la presentación, participaron también los comentaristas Yamileth Astorga Espeleta, coordinadora del ProGAi, y Álvaro Sagot, abogado ambientalista, profesor de la UCR y la Universidad Nacional.

De acuerdo con Merino, la situación ambiental del país está enmarcada en un contexto nacional de aumento de la desigualdad, inseguridad ciudadana y en una pluralidad de partidos que no necesariamente propician el diálogo y la confianza de la ciudadanía.

El experto estima que se han dado ciertos avances en materia ambiental, como lo son el aumento de las áreas protegidas ‒incluidas las zonas marinas‒ y el aumento del acceso al agua potable en la población.

No obstante, según remarcó el expositor, el número de pasos retrocedidos son mayores que los avanzados en la materia.

“Se han abierto nuevas escalas de riegos y se limitó la capacidad del Estado en regular”, comentó.

En ese sentido, Astorga dijo que se carece de una orientación definida en políticas ambientales por parte de los gobiernos; en sus discursos, se incorpora como un tema de la agenda gubernamental, pero no se lleva a la práctica.

CIFRAS NEGATIVAS

Merino detalló que el año 2010 tuvo cifras históricas para el país en materia ambiental, pero todas estas fueron negativas.

Una de ellas fue la denominada huella ecológica, la más alta desde el 2001, cuando empezó a realizarse esta medición. Este proceso de estudio de la situación ambiental consiste en medir la explotación de recursos y la capacidad del territorio para consumir. Esto implica que se contrasta el uso real por persona de los recursos naturales, frente al territorio disponible por cada individuo.

En el caso del 2010, la brecha negativa fue del 13%, lo cual significó que cada habitante ocupó 13% más de energía de la que tiene disponible.

Otro dato negativo para el país se dio en la prevención de las consecuencias de los desastres naturales. En opinión de Merino, no tiene que ver con las fuertes lluvias presentes a lo largo del año, sino con el riesgo social, es decir, la pobreza y la falta de decisiones claves y de opciones.

Un ejemplo claro fue que durante el 2010 murieron 44 personas a causa de los desastres naturales.

Sobre el cambio climático que afecta de manera directa e indirecta a todos los países del globo, el país también tuvo un mal desempeño, destacó el expositor.

Si bien Costa Rica y la región centroamericana no son los mayores responsables del cambio climático, sino las grandes potencias mundiales, los países del istmo sí se encuentran en la zona con mayores probabilidades de recibir los efectos.

“Adaptarse a recibir el golpe es la principal tarea. Podemos apoyar, pero no creer que vamos a solucionarlo”, explicó Merino. Según el investigador, el país no gasta esfuerzos en prepararse para reducir el riesgo alimentario y la vulnerabilidad al cambio climático.

AÑO DE CONFLICTOS

Aunque el 2010 no se salió del promedio de conflictos anuales registrados en el país, si es importante destacar que fue el que más actividades colectivas y conflictos en materia ambiental registró.

Hay un nuevo tipo de conflicto que surge por presiones por cambiar el uso de la tierra de áreas protegidas. Como detalló Merino, se presentaron 16 problemáticas de este tipo producida por la vía de los decretos ejecutivos, solicitud de permisos o modificación a las leyes ambientales.

También, se dieron otro tipo de expresiones de malestar social como fueron las movilizaciones sociales por temas ambientales. En palabras del investigador, estos tienen la particularidad de que “dejan muy rápido de ser locales a ser nacionales”.

Cito de ejemplo el caso del intento de explotación por parte de la transnacional Industrias Infinito de una mina de oro en Las Crucitas en Cutris de San Carlos, el cual volvió el año pasado a la agenda pública tras la denuncia de filtración del proyecto de borrador de sentencia de la Sala Primera sobre las apelaciones hechas por la empresa y el Estado a favor de la minería a cielo abierto.

“En un conflicto de dicha magnitud, quienes participan desde el Estado realizan irregularidades para lograr que se aprueben estos proyectos”, destacó Merino.

Álvaro Sagot coincidió en decir que “el Poder Ejecutivo ha sido el sustento y fundamento de muchas denuncias, amparado en el sector empresarial”.

Yamileth Astorga destacó que se pueden ver como experiencias positivas el surgimiento de estos movimientos organizados en torno a temas socioambientales.

“Ese descontento es una respuesta a que las políticas públicas, a que el sistema actual está respondiendo a una minoría, aumentando la vulnerabilidad de una mayoría”, enfatizó.

Astorga, además, resaltó la desconfianza que hay en la población hacia las instituciones rectoras del ambiente, como lo son el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).

Sagot, abogado ambientalista defensor de la causa contra la mina Crucitas, destacó que “hay un problema bastante serio de validez y eficacia, porque si bien hay un marco legal, no se aplican esas normas. Por ejemplo, hay leyes claras que dicen que hay que hacer estudios de impacto ambiental, pero desde la SETENA no se cumplen esas normativas”.