Escrito por Javier Córdoba Morales semanario.ucr.ac.cr

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) analiza la solicitud de la empresa Metales Procesado MRW S.A para que le otorgue una viabilidad ambiental a su proyecto de reactivar la mina Bellavista, en Miramar de Puntarenas.

La mina Bellavista fue cerrada en el año 2007 luego de que se produjeran derrumbes en la zona de extracción del oro y colapsara una de las geomembranas que contenía el material residual combinado con cianuro.

La SETENA recibió el año anterior un “formulario D1” por parte de esta empresa, la cual pretende construir una gran tubería que traslade el material con oro desde el lugar donde se encontraba originalmente el proyecto, hasta unos 7,8 kilómetros de distancia, donde se encuentra la quebrada Agua Buena, para darle ahí el proceso industrial.

Los ambientalistas opuestos al proyecto solicitan a la SETENA que se rechace el trámite de la empresa minera, pues consideran que cualquier nuevo proyecto de minería está impedido por la moratoria que declaró el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla al iniciar su administración.

NUEVO PROYECTO

El proyecto de la empresa Metales Procesado MRW S.A para reactivar la mina Bellavista consiste en la construcción de una planta de beneficiado de oro a unos 7,8 kilómetros “más abajo” del área original del proyecto.

Según la descripción de proyecto que realiza la empresa, contenido en el expediente D1-5490 SETENA, la construcción de la tubería es solo una de las opciones que se contemplan para trasladar la “mena” en forma de lodo (agua y roca molida).

“Esta tubería sería de polietileno de alta densidad, tendría un diámetro aproximado de 8 pulgadas, y se construiría enterrada a lo largo de la zona, y de forma aérea en los paso de los ríos Ciruelas, Naranjo y Naranjito (…)”, señala el documento  Descripción del Proyecto en el expediente.

De no prosperar la idea de una tubería, la empresa también plantea  la posibilidad de transportar el material por tierra (por medio de vehículos), para llevarlo hasta una planta donde se ubicarían los tanques de lixiviación, donde el cianuro liberaría el oro.

Tras pasar por un sistema que reduce la concentración de cianuro a “niveles aceptables de acuerdo con el Código Internacional de Cianuro”, el material residual se depositaría en un embalse de 38 hectáreas y con una capacidad para 4,5 millones de metros cúbicos.

La Comisión Plenaria de la SETENA recibió a los representantes de la empresa en una audiencia el pasado 6 de julio, donde el apoderado Donald Brown aseguró que la minera ha invertido cerca de $9 millones en un programa de recuperación ambiental y un programa social en Miramar de Puntarenas.

El abogado de la empresa, Walter Niehaus, indicó que los “derechos adquiridos” por la empresa no fueron afectados por el decreto de moratoria de la administración Chinchilla, y aseguró que la intensión es pasar de un “beneficiamiento a cielos abiertos” a un “beneficiamiento cerrado” en tanques.

“SE SALEN DEL ÁREA DEL PROYECTO”

Julio Mülller, de la organización Miramar al Grano, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para intentar frenar este proyecto, pues considera que este  no se puede realizar tras el decreto de moratoria del presente gobierno.

Según explicó Mülller a UNIVERSIDAD, existe preocupación porque se quiere instalar una gran tubería que traslade lodo, y que contaminaría gran cantidad de agua en su proceso, así como la construcción de una enorme represa para depositar los residuos.

“Originalmente eran 12 millones de toneladas las que iban a producir de residuos, ahora lo redujeron a 4,5 millones. Siempre es una cantidad enorme porque la pila que colapsó en 2007 solo tenía tres millones de toneladas”, comentó el activista.

Müller recordó que el decreto de moratoria incluye claramente las actividades de exploración, explotación y beneficiamiento de oro, por lo que la solicitud de la minera debería ser rechazada “ad portas” por parte de SETENA.

Además, argumentó que la nueva planta de beneficiado se construirá en un lugar distinto al del proyecto original, por lo que debe considerarse como un proyecto nuevo, que de hecho, se está archivando en un expediente distinto en la SETENA.

Mülller recordó que en una entrevista dada a UNIVERSIDAD el 15 de junio del 2011, el secretario general de SETENA, Uriel Juárez, aseguró que si el nuevo proyecto se salía del área que había sido autorizada para el proyecto anterior, ya no se podía tramitar.

“Si se salen del área del proyecto actual, habría que hacer uno nuevo, y la legislación vigente prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro; con solo eso no le podríamos dar ningún trámite”, respondió entonces Juárez.

El propio Ronald Brown reconoció ante la pregunta de una integrante de la SETENA, que en este momento “se están comprando propiedades en ese sector para ubicar el área de beneficiamiento”, lo que deja claro que la planta estaría instalada fuera del área que se dio en concesión.

El ambientalista se manifestó preocupado de que la SETENA ceda a las presiones y autorice a la empresa a realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pues considera que con eso estaría legitimando la reactivación de la mina.

QUE NI LA UCR LO PUEDA “VOLAR”

Mauricio Álvarez, del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica, comentó que ellos también fueron recibidos por la Comisión Plenaria de SETENA, donde se les indicó que aún el departamento legal estaba trabajando para determinar si la propuesta de la empresa implica o no una nueva actividad.

“En Kioscos les dijimos que íbamos a hacer una fiscalización de lo que ha sido el expediente y poner la  investigación que hiciéramos al servicio de la comunidad y de las organizaciones ambientales, que están dispuestas a utilizar los mismos mecanismos que en el caso de Crucitas para detener el proyecto”, comentó Álvarez.

El universitario llamó la atención respecto de una declaración que dio el Director Técnico de la SETENA, Esaú Chaves, durante la audiencia del 6 de julio del 2011 con los personeros de la empresa.

“Yo espero que ese D1 traiga un asidero legal tan fuerte elaborado por ustedes dos supongo, destacados abogados, que nos den a nosotros luz y claridad para decir si puede salir sin ningún problema y no nos venga luego la Asamblea Legislativa, la UCR, etc,etc. a volar esa (…)”, manifestó Chaves según consta en las actas de la audiencia.

Álvarez aseguró que la construcción de una tubería o de trasladar el material a una planta de beneficiado era parte del proyecto original de la mina, pero fue desechado al ser mecanismos más costosos.

“Ellos esperaban sacar unas 300 mil onzas de oro, y no creo que sacaran ni 100 mil. Con el precio del oro como está, a casi $2000 la onza, claro que es buen negocio invertir unos $10 millones y sacar más de $200 millones de ganancia”, afirmó Álvarez.


Embargan garantía ambiental de $600.000 en el caso Crucitas

La garantía ambiental de $600.000 que entregó la empresa Industrias Infinito para tramitar el proyecto minero en Las Crucitas, fue embargada y será utilizada para pagar las costas del proceso, daños y perjuicios.

Así lo indicó a UNIVERSIDAD el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien explicó que el embargo se da en respuesta a una gestión que se realizó previo a la ejecución de la sentencia, en la que tanto el Estado costarricense como el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) fueron también señalados como responsables.

Sagot comentó que la pretensión de la parte demandante es que sea la empresa la que pague los daños monetarios y perjuicios, por lo que celebró el embargo de la garantía ambiental por parte de los tribunales.

El abogado aseguró que ahora la parte demandante está en busca de que se apruebe la conformación de una comisión de expertos por parte del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para que sea esta la que determine el monto del daño ambiental causado en Crucitas.

Sagot detalló que la solicitud fue rechazada de momento, pues el CONARE no forma parte del proceso; y esta valoración no la pueden realizar ni el Ministerio del Ambiente, ni el SINAC, pues son partes demandantes.

Una de las opciones que manejan los ambientalistas es buscar un convenio con el Instituto de Políticas de Sostenibildad, que ha sido el encargado de desarrollar la metodología de valoración ambiental.

“Si tuviéramos este convenio, entonces la empresa tendría que ser la encargada de pagarle al Instituto por este trabajo. Al menos esa es la experiencia que he tenido en otros casos en el Tribunal Ambiental”, comentó Sagot.