Fuente: Irene Vizcaíno en nacion.com

La Fiscalía llamó ayer a cuentas al exministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Roberto Dobles Mora, quien fungió en el gobierno de Óscar Arias.

El exjerarca fue indagado en la tarde en San José dentro del proceso que se le sigue por el delito de prevaricato (resolver contra la ley) en relación con los permisos otorgados a la minera Industrias Infinito para extraer oro de Cutris, en San Carlos de Alajuela.

Según el Ministerio Público, Dobles ordenó en abril del 2008 la “conversión” de una resolución que había sido anulada por la Sala Constitucional, para poder dar las autorizaciones a la minera.

Además, para ese momento estaba vigente la moratoria para la actividad de minería metálica a cielo abierto.

“El citado proyecto (Crucitas) no contaba con un nuevo estudio de impacto ambiental, por lo que la figura de la conversión se utilizó como un mecanismo fraudulento para convalidar un acto administrativo inexistente”, dijo la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Tras varias horas de indagatoria, Dobles dijo que presentarán las pruebas para demostrar que todo lo actuado se hizo a derecho.

Su abogado, Laureano Castro, argumentó que Dobles debió firmar una serie de resoluciones y decretos como parte de su función.

Entre los decretos que firmó, está una declaratoria de interés público del proyecto minero Crucitas emitida en el 2008 junto con el entonces presidente Óscar Arias.

Roberto Dobles estuvo al frente del Minaet entre mayo del 2006 y marzo del 2009, cuando renunció tras vinculársele con otra concesión supuestamente ilegal para extracción de materiales de río.

Por este caso, fue sobreseído en mayor de 2011.

En esta ocasión, la causa contra Dobles es parte del expedientes donde figuran al menos nueve implicados más. Todos son funcionarios o exfuncionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

La causa se abrió por recomendación del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló en noviembre de 2010 la concesión a Industrias Infinito y la declaratoria de interés público. El fallo quedó en firme un año después.