Fuente: Jairo Villegas S. en nacion.com

La Sala Constitucional ordenó no clausurar la empresa Cementos David, ubicada en San Rafael de Alajuela, mientras resuelve un recurso de amparo.

Los magistrados tomaron esa decisión el martes pasado mediante la resolución 20120-03534.

Con ello frenaron la directriz de cierre que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo el 31 de octubre del año anterior.

Esa resolución administrativa la originó una apelación presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael contra la decisión de la Municipalidad de Alajuela de otorgar el aval de construcción a la cementera, pese a supuestos “vicios de gravedad”.

La Asociación alegó que esa industria se edificó a pesar de que solo contaba con una autorización para levantar una nave industrial y oficinas administrativas.

Por ello, los jueces del Contencioso le ordenaron al Ayuntamiento clausurar las obras adicionales a esas estructuras, donde se realiza la producción del cemento.

Sin embargo, Cementos David alegó ante la Sala IV que, si el cierre se concreta sin haberse resuelto el recurso de amparo, se dañaría materia prima que utiliza para hacer el cemento, se quedarían sin trabajo 35 personas, y también habría afectación para 300 clientes con quienes ya tienen compromisos.

“En el caso particular, para garantizar la eficacia de lo que definitivamente resuelva este Tribunal Constitucional y para evitar daños de difícil o imposible reparación a la empresa, se impone suspender la ejecución de la resolución administrativa”, consignó la Sala.

Reacciones. Raquel Castellón, abogada de la cementera, sostuvo que el Contencioso incorporó razones ambientales en la resolución que emitió, pese a que la propia Sala Constitucional rechazó, el año pasado, recursos de amparo que alegaron posible contaminación.

“El Contencioso resolvió de forma contraria, y eso no lo puede hacer. Esa situación (la ambiental) ya había sido resuelta por la Sala, y en los amparos se dio audiencia a todas las autoridades involucradas y se determinó que no hay ningún riesgo”, expresó Castellón.

Por su parte, Erick Solano, representante legal de la Asociación de Desarrollo de San Rafael, dijo que la suspensión de la clausura los toma por sorpresa.

“Nos sorprende que la Sala conceda la medida cautelar solicitada por la empresa y sus empleados bajo el argumento de que la medida se otorga ‘para evitar daños de difícil o imposible reparación a la empresa’ . Estamos en presencia de un voto de la Sala que hace prevalecer los intereses económicos de una empresa”, aseguró Solano.

El abogado también dijo que iniciaron gestiones legales ante la negativa de la Municipalidad de Alajuela de clausurar la cementera.

El municipio decidió no hacerlo porque considera que la empresa puede subsanar los requerimientos pendientes.