Fuente Carlos Salazar Fernández en elpais.cr

Una de de un funcionario del Miniesterio del Ambiente (Minaet) sobre la biodiversidad en la Isla Plata, en Santa Cruz, Guanacaste, aligera la decisión políticia de consecioner ese terreno insular de 8,5 hectáresas, en contraposición con varios estudios y una recomendación del Décimo Tercer Informar de la Nación.

Con la aprobación del Plan Regulador de la Isla Plata en el 2006, por parte de la Municipalidad de Santa Cruz, los inversionistas se lanzaron tras las autoridades locales para sonseguir una conseción.

Una empresa, denominada Inversiones Vimavi del Pacífico S.A., para solicitar la concesión, se respalda en que no todo el territorio insular tiene bosque, a pesar de que existen tres estudios que sostienen que debe ser Patrimonio Natural del Estado o declararse Monumento Natural.

Cabe resaltar que uno de los estudios fue elaborado por el Director Regional del Área Conservación Tempisque (ACT), Nelson Marín Mora, el 29 de junio del 2009, y posteriormente derogado el 7 de setiembre del 2011 por el mismo funcionario.

Por este último documento, rubricado por Marín Mora, el 19 de setiembre anterior, la empresa Vimavi del Pacífico, con sede en Esparza, Puntarenas, solicita a la Municipalidad de Santa Cruz cumplir con la concesión, porque la propiedad “ya cuenta con el sello verde del Minaet y se a (Sic) delimitado la concesión de terreno de zona protectora y la parte explotable, solicito se haga sobre la misma avalúo a fin de que se determine el canon de la concesión”.

La nota está firmada por el integrante de la junta directiva de la empresa, abogado Max Alberto Solera Soto  y autenticada por el notario Carlos Luis Mellado Soto.

Al Plan Regulador y al otorgamiento de la concesión se opone también, en un estudio, el Biólogo William Arauz, del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa Cruz, quien propone dejar isla de Plata tal como está y promocionar estudios de investigación sobre la biodiversidad del sitio.

Sobre el tema, el Informe Estado de la Nación, en enero del 2007 indicó que dadas las características biológicas de Isla Plata (bosque tropical  seco), la propuesta establecida en el Plan Regulador constituye una  amenaza para todo el ecosistema de la isla. Se deja por completo de lado el principio preventorio y precautorio en cuanto al daño de los recursos naturales (toda la isla está cubierta por bosque y tiene fuertes pendientes.

Además, advirtió que una amenaza específica al ecosistema de la isla es la extracción ilegal de madera.

Igualmente, resaltó que “el plan (Regulador) aprobado tiene muchas deficiencias técnicas, por ejemplo, establece un diámetro de árboles  susceptibles para corta mayor a 30 o 35 cm, cuando la Ley Forestal lo  coloca en 15”.

El Décimo Tercer Informe Estado de la Nación recomendó: “derogar el plan (regulador) y solicitarle al MINAE un plan de manejo”, lo que nunca se realizó.

Por su lado, Arauz resalta que por definición, las islas forman parte de la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre. Sin embargo, es la Asamblea Legislativa que puede concesionarlas.

Recordó también que las áreas boscosas dentro de la Zona Marítimo Terrestre forman parte del Patrimonio Natural del Estado y por lo tanto, no se pueden concesionar.

“Dadas las características biológicas de Isla Plata, la propuesta establecida en el Plan Regulador constituye una amenaza para todo el ecosistema de la isla. Se deja por completo de lado el principio preventorio y precautorio en cuanto al daño de los recursos naturales”, recalcó el Biólogo.

La confección del Plan Regulador de Isla Plata no consideró una gran cantidad de aspectos técnicos ambientales, a tal punto que el mismo documento se contradice o resulta peligrosamente ambiguo y poco riguroso, acotó.

“Con la entrega de la concesión, es un hecho que la isla dejará de ser patrimonio natural del Estado costarricense. La concesión es una privatización, donde solo los dueños de los proyectos que se construyan podrán decidir quién entra o no a la isla. Ellos serán los amos y señores de esa isla”, advirtió Edgar Cantón, de la organización ambientalista Consejo Ecocivil del Carrillo.