Fuente Allan Astorga Gättgens en diarioextra.com
La evaluación ambiental estratégica (EAE) es una variante de la evaluación de impacto ambiental que se aplica a políticas, planes y programas de desarrollo, es decir, a decisiones estratégicas de determinados sectores productivos del quehacer nacional.
Su objetivo es considerar el tema ambiental (incluyendo la componente social) en la planificación estratégica de un determinado sector, de previo a la toma de una decisión fundamental de desarrollo como, por ejemplo, la adopción por parte del Estado de un plan nacional de energía.
Los pilares fundamentales de la EAE son la participación, transparencia y la información. Sus lineamientos básicos de ejecución comprenden un diagnóstico del sector, el análisis de alternativas, identificación de impactos y medidas estratégicas, así como la definición de los principios, premisas, condicionantes y de lineamientos estratégicos a cumplir como parte de la decisión que se recomiende.
La EAE se aplica en los países desarrollados (Europa y EE.UU.) desde hace más de 30 años, y podemos adelantar desde ya que constituye la base de su desarrollo: se elabora, diseña, discute y se aprueba (en vez de decretar de manera inconsulta las cosas como nos ha sucedido en el pasado). Bien hecha comprende una herramienta de gran utilidad para agilizar el trámite ambiental de los proyectos específicos, es decir, el desarrollo sectorial de un país.
En Costa Rica la EAE se estableció desde el año 2004, mediante Decreto Ejecutivo 31849 – MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC, gracias a la Sala Constitucional, que amplío la visión de la evaluación de impacto ambiental dado en la Ley Orgánica del Ambiente, al ámbito de las decisiones estratégicas, particularmente de los planes de ordenamiento territorial.
En América Latina la EAE ha encontrado un duro camino debido a que la planificación estratégica (de mediano y largo plazo, principalmente) dejó de hacerse desde hace décadas. Costa Rica no ha escapado de esto, salvo muy contadas excepciones.
La gran limitante de este tipo de "planificación estratégica" es que se hace dentro de un ámbito “cerrado”, poco transparente, es decir, con solo los sectores (económicos) interesados y, en la mayoría de los casos, sin salir de la esfera política de una decisión predeterminada.
Este tipo de "planificación estratégica" de alguna manera ya viene dirigida a cumplir un objetivo predeterminado, en muchos casos por un ente financiero internacional, con la respectiva venia política del caso. Como dirían nuestros abuelos, se trata de un asunto que está “casi cocinado” desde el principio.
La EAE, por el contrario, hace que esa “cocción” se de con la participación de otros sectores de la sociedad, y en una cocina abierta, como en un viejo trapiche, y no detrás de unos muros cerrados a los que pocos, muy pocos, tienen acceso.
A diferencia de la EIA, la EAE no desarrolla necesariamente foros públicos abiertos y extensos, pero si abre la discusión de la decisión estratégica alrededor de mesas amplias, donde convergen representantes de diversos sectores directamente involucrados e interesados: organizaciones sociales, comunales y ambientales, ONG, academia, institucionales y de los sectores productivos, entre otros.
También, a diferencia de la EIA, la EAE puede ser desarrollada en poco tiempo (meses), en vez de años que puede tardar la primera.
El objetivo es claro, que la decisión estratégica que se analiza sea enriquecida con la opinión y visión de los diferentes sectores, de manera que logre convertirse en una propuesta que represente la visión más equilibrada posible de la sociedad, incluyendo los consensos y disensos.
La propuesta así elaborada se eleva a las instancias políticas para la decisión correspondiente. El proceso permite su revisión periódica, ajustándose a la dinámica de nuestro mundo moderno.
Plan Nacional de Energía: nuestro país cuenta con un plan para energía, pero este no ha sido objeto de una EAE. Las opiniones divergentes que hemos podido conocer durante los últimos años y meses son un claro ejemplo de que la decisión estratégica sobre ese importante plan no fue realizada dentro de un verdadero ámbito de análisis y discusión de alternativas viables.
Temas como el desarrollo o no de un megaproyecto como el Diquís no pueden limitarse únicamente a una consulta con las poblaciones indígenas y un proceso de EIA limitado territorialmente. Requiere de un proceso más abierto de discusión, con reglas bien definidas, que contemple el modelo de desarrollo de la región sur del país, la estrategia pensada para el desarrollo de la Zona Sur, o la propuesta de la UNESCO de diseñar un parque de esferas como atractivo mundial. Lo mismo podríamos decir del proyecto de un Aeropuerto Internacional de Osa, que se ubicaría en una zona de gran atractivo pero de muy alta fragilidad como la del Sierpe.
El modelo energético del país también debe ser objeto de análisis. Por un lado, algunas autoridades de gobierno nos dicen que urge aprobar importantes proyectos como el de contingencia eléctrica. o de apertura de los parques nacionales para la producción de energía geotérmica, basados en el hecho de que “nos estamos quedando sin energía”, y en los que se abre la producción de energía a un mercado privado, cuyo objetivo primordial, aparte de la producción de ganancias rápidas, no está claro para muchos.
Por otro lado, se levantan voces técnicas que sostienen que no hay motivos reales para hacer sonar las alarmas, y que lo que se ocupa, más bien, es abrir espacios de análisis más amplios. Incluso, algunas otras voces plantean que replanteemos el modelo de producción de energía y redirijamos el sistema hacia estrategias ambientalmente más sostenibles.
Por su parte, y con justa razón, las cooperativas nos indican que no se valora su contribución al modelo energético actual, ni tampoco sus proyectos innovadores como el Parque Eólico desarrollado en la región de Los Santos. Estas y muchas más voces apuntan a un mismo problema: la falta de diálogo participativo de los diversos sectores interesados.
Buscando soluciones: es claro que en el de energía, como en otros temas claves del país (infraestructura pública, desarrollo urbano, turismo, entre otros), hace falta que las decisiones estratégicas sean tomadas en un ámbito más abierto, transparente y participativo, como lo definen las reglas de la EAE.
Un país como Costa Rica que apostó por fortalecer la educación y la salud de su población, en vez de financiar un ejército, no puede esperar que 60 años después de esa decisión siga teniendo una población pasiva, que no opina y que solo espera que sus dirigentes políticos de gobierno tomen las decisiones importantes.
Con creces los últimos años nos demuestran de lo que han sido capaces nuestros dirigentes a la hora de tomar decisiones: un burdo intento de beneficiar a ciertos sectores en detrimento del desarrollo de las comunidades. La vertiginosa caída de nuestro Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los últimos 7 años es una muestra, entre muchas más, que evidencia que las ganancias generadas no significan desarrollo.
La crisis de indecisión de la que algunos políticos hablan, insinuándose ellos mismos como los “grandes solucionadores”, no surge por la falta de ideas de solución, por el contrario, surgen porque hay posiciones divergentes precisamente porque la sociedad ha avanzado, y ya no es un ente pasivo que no cuestiona la decisiones que se toman “entre muros”.
Seguir por ese camino, con políticos que se consideran ungidos para dirigir un país, y que creen contar con una población sumisa o “domesticada”, desinformada y pasiva, no es la ruta correcta.
Por el contrario, lo que se ocupa son alternativas que involucren a la sociedad en la creación de soluciones participativas para sus mayores problemas. La EAE, en este aspecto, ha demostrado que es una útil herramienta que el país debe aprovechar, y ello independientemente de nuestros políticos de turno.
