Fuente elpais.cr
El retiro del abogado Ciro Casas del caso, así como una supuesta “gastritis aguda” de un jurista, contratados por Infinito Gold, fueron las causas para suspender una audiencia en la causa penal de la minera contra el abogado ambientalista Edgardo Araya.
Este miércoles en la tarde debió iniciar el caso para conocer la demanda contra Araya, por el supuesto delito de difamación a persona jurídica, por lo que exige 500 millones de colones como indemnización.
En Crucitas de San Carlos, la transnacional canadiense Infinito Gold ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
De acuerdo con la información trascendida durante el acto, Casas renunció a la representación de la minera en esta causa, debido a supuesta “incompatibilidad”, ya que en este momento ocupa un cargo administrativo en la empresa.
Durante el proceso trascendió que un hijo de Ciro Casas Zamora, Sebastián, fue letrado de la Sala Primera cuando se filtró el borrador de sentencia a la minera en octubre del 2011, según revelaciones del ex vocero de la empresa minera, William Méndez.
De acuerdo con la información, anotada en el expediente, el abogado José Luís Ocampo, presentó un documento donde un médico lo incapacita, desde el 30 de abril por tres días, debido a una “gastritis aguda”.
Este medio trató de localizar a Campos en su oficina en el Bufete Echeverría, para verificar la información, pero su hijo dijo que se encontraba enfermo, ya que lo aqueja “una gripe muy jodida”, y será hasta mañana jueves que llegue al despacho.
“Esta situación me parece muy extraña”, dijo a este medio el abogado Edgardo Araya.
Entre tanto, ambientalistas que se hicieron presentes para respaldar a Edgardo dijeron que posiblemente la empresa y sus abogados están a la espera de una resolución de la Sala Constitucional.
En ese alto tribunal, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad para que derogue la jurisprudencia utilizada por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como la Sala Primera, para anular los permisos de construcción del proyecto minero.
Ambos fallos anularon un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, que declaraba de Interés Público y Conveniencia Nacional dicho proyecto.
En esta querella, Industrias está exigiendo 500 millones por acción civil resarcitoria, los cuales según declaración de representantes de la empresa minera y que en caso de ganar la misma, serían depositados en las cuentas de la municipalidad de San Carlos para que sean utilizados en reparaciones de escuelas y comedores estudiantes del distrito de Cutris.
Al igual que al regidor Sancarleño, la transnacional canadiense demandó a los profesores universitarios Jorge Lobo y Nicolás Boeglin, así como a los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC). Manrique Oviedo y Claudio Monge.
Cabe recordar que en el fallo, el TCA ordenó adicionalmente "comunicar esta sentencia al Ministerio Público para que allí se determine seguir una causa penal en contra de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias" (texto completo de la sentencia en http://es.wikisource.org/wiki/Sentencia_del_caso_por_la_mina_Crucitas.
