Fuente elpais.cr

Los abogados del académico Jorge Lobo Segura, catedrático de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), anunciaron que el juez decidió suspender la audiencia prevista para hoy lunes 28 de mayo en la causa penal por difamación, interpuesta por la empresa minera canadiense Industrias Infinito Gold S.A.. 

Un supuesto problema de salud del abogado José Luis Ocampo Rojas, contratado por Infinito Gold, es la causa indicada para suspender una audiencia en la causa penal de la minera canadiense.

Contra Jorge Lobo, así como contra Edgardo Araya, abogado de UNOVIDA, y Nicolás Boeglin, Profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, la empresa minera ha presentado acciones penales por supuesta difamación a persona jurídica, acompañada de una acción civil resarcitoria por  500 millones de colones a cada uno de estos tres profesionales

En Crucitas de San Carlos, la transnacional canadiense Infinito Gold ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.

En una nota anterior, del 2 de mayo pasado (
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/66381), este medio había informado de la suspensión de la audiencia del juicio contra Araya por la renuncia del abogado Ciro Casas Zamora a la representación de la minera en esta causa, y al hecho que el otro abogado José Luís Ocampo, presentó un documento donde un médico lo incapacitaba, desde el 30 de abril por tres días, debido a una “gastritis aguda”.

“Debe resultar muy delicado para la salud defender a esta empresa, porque lo mismo ocurrió con el abogado Juan Carlos Obando ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el año 2010”, señaló unos de los abogados de los ambientalistas. 

Entre tanto, en sectores  ambientalistas se prevé que es muy posible que la empresa y sus abogados estén a la espera de una resolución de la Sala Constitucional, pendiente de ser resuelta desde el mes de noviembre del 2011. 

Ante ese alto tribunal, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad para que derogue la jurisprudencia utilizada por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como la Sala Primera, para anular los permisos de construcción del proyecto minero. 

Esta acción ante la Sala IV se presentó después de filtrarse un borrador de sentencia a la Sala Primera.

Ambos fallos, tanto el del TCA como el de la Sala Primera  anularon un decreto del ex presidente Oscar Arias Sánchez, que declaraba de Interés Público y Conveniencia Nacional dicho proyecto. 

Cabe recordar que en el fallo, el TCA ordenó adicionalmente "comunicar esta sentencia al Ministerio Público para que allí se determine seguir una causa penal en contra de las siguientes personas: Oscar Arias Sánchez, Roberto Dobles Mora, Sonia Espinoza Valverde, Eduardo Murillo Marchena, José Francisco Castro Muñoz, Cynthia Cavallini Chinchilla, Sandra Arredondo Li y Arnoldo Rudín Arias" (texto completo de la sentencia en
http://es.wikisource.org/wiki/Sentencia_del_caso_por_la_mina_Crucitas.

Este mes, tras una investigación del Servicio Civil, solicitada por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), fueron separados de sus cargos el Director de Geología y Minas, Francisco Castro Muñoz, y la Jefa del Registro Minero, Cynthia Cavallini Chinchilla.

 

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