Fuente Jorge Sancho Vargas en prensalibre.cr

Los planteles en Tambor. Los desarrolladores achatan la montaña para luego construir casas, hoteles, o lo que se les ocurra, destruyendo totalmente el bosque.Fotos: Fudación Cara CaraLa zona marítimo terrestre, aunque no es una categoría de protección como los parques nacionales, junto con estos es la única tierra en el país que realmente es propiedad de todos y todas. Es un bien público imprescriptible e inalienable y además comprende probablemente los bienes inmuebles más valiosos, de ahí que tengás a todo el mundo detrás de ella”.

De esa manera nos introduce el ambientalista Héctor González dentro de la problemática que vive un país cuyos gobiernos alardean “en la calle” de ser conservacionistas, pero que “en la casa” es totalmente lo contrario, pues más bien se libra una guerra contra la naturaleza.

Hay una frase que se utiliza mucho en el país y, sobre todo, cuando quiere hablarse de él en el extranjero. Esta dice: “Aproximadamente un 20% del territorio de Costa Rica está constituido por Reservas y Parques Nacionales, incluyendo dos parques declarados ‘Patrimonio de la Humanidad’ por la Unesco. Esto significa que el acceso a los parques y reservas es sencillo desde cualquier parte del país, haciendo de Costa Rica el destino ideal, si desea estar rodeado por la naturaleza”.

Pero... ¿en realidad es el destino ideal si se desea estar rodeado por la naturaleza? ¿Es lo que buscan las autoridades nacionales y locales para nuestra biodiversidad? O, por el contrario, ¿no les importaría vender todo eso al mejor postor, preocupados tan solo por el bienestar de sus bolsillos?

NO PRIVATIZAR

El proyecto comienza en la parte sur de la Península de Nicoya (Cóbano, Paquera y Lepanto, “zonas aún no devastadas como Guancaste norte, ni tampoco con los ojos y dólares de la conservación puestos en ellos, como sucede en Osa”, señala González, para añadir que han expandido su labor al involucrarse con el proyecto de Ley de Territorios Marítimos Costeros Comunitarios, el cual pretende legitimar la posibilidad que tengan sus habitantes tradicionales, que no tienen a dónde ir, pero “como es un área que por esa ley quedó en dominio público, están ilegales y están bajo la amenaza de que les boten todo”.

Acerca del proyecto de ley, nos refiere el ambientalista: “Se quiere tengan la posibilidad de heredar a sus hijos la propiedad, no de venderla, para que la familia pueda seguir viviendo ahí y no se privatice, pero hay entre los políticos, un movimiento para que se les dé títulos, con esto lo que buscan es llegar y comprar todos esos terrenos, y privatizar”.

FUNDACIÓN CARA CARA Y UN DOCUMENTAL

Hace un par de años González, junto con un productor amigo, formaron una fundación y apartir de ahí desarrollan un documental sobre el tema, el cual es independiente, financiado exclusivamente por ellos dos, producido y dirigido por ambos. “El documental va principalmente enfocado a las comunidades costeras, cómo les está afectando el desarrollo de varios proyectos como marinas, hoteles y otros, cuando no tienen posibilidades de trabajo reales ni de encadenamientos productivos. Ejemplo, estábamos en el muelle de Tambor hablando con los pescadores, quienes estaban trayendo grandes cantidades de buen dorado, y les pregunto: ¿Obviamente Barceló Tambor les compra ese pescado? Su respuesta fue: ‘No, Barceló solo compra el pescado en San José’. ¡O sea, ese dorado va de ahí, a través de un intermediario (que es quien se enriquece), a San José y se devuelve a Tambor para que se lo coman los turistas!”, comentó.

MARCO LEGAL

Antes de seguir, quisimos una explicación sobre el marco legal en torno a esta problemática: “Son varias leyes que exigen diferentes cosas, dependiendo de lo que se vaya a hacer. La Ley de la Zona Marítimo Terrestre (1977), es la que establece básicamente la zonificación, qué se puede hacer y qué no en esas zonas.

Posteriormente la Ley Orgánica del Ambiente es la que crea los estudios de impacto ambiental para todas las actividades que se vayan a realizar, desde un estudio pequeño a uno grande y complejo.

Además está la ley de biodiversidad, la cual pone énfasis en algunos de estos puntos, así como en la participación, supuestamente comunitaria, en este asunto.

La excelente Ley de Participación Ciudadana en Materia Ambiental que el exdiputado José Merino logró aprobar en el Congreso, fue vetada por Óscar Arias”, resaltó.

Visitar la parte norte de las costas guanacastecas nos hace encontrar grandes complejos hoteleros, así como mucho cemento, marinas y campos de golf. Esto podría indicarnos que “la batalla” ya se perdió en esa zona, mas González no lo considera así.

“Nada está perdido por dos razones. Primero, por la increíble capacidad que tiene la vida de recuperarse, si le damos el chance; y segundo, porque poco a poco, con más fuerza en algunos lugares que en otros, la gente, nosotros los de abajo, nos vamos dando cuenta de lo que podemos hacer o de lo que podemos impedir que se haga. Véase el ejemplo clarísimo de Crucitas, y creo que en esto hay un antes y un después de Crucitas.

En el Golfo Dulce, ya en la zona marina, para volver a este tema, estaban las granjas atuneras e igual, ya estaban con todos los permisos aprobados, estaban listas y se logró que se las trajeran abajo, y así ha habido otros proyectos, como la marina de Puerto Viejo de Talamanca”, aseveró.

COSTA DE CEMENTO

Luego de estos argumentos, el ambientalista nos da un recorrido por algunos de los proyectos “destructores del ambiente y de las comunidades costeras” que ejemplifican el título del documental.

“Al norte de Santa Rosa, en El Jobo, tierra de parceleros y pescadores, poderosos intereses políticos y económicos pretenden desarrollar un megaproyecto turístico, que ellos mismos promocionan como el más grande de Centroamérica. Y al sur del mismo parque, otros desarrolladores vinculados a la política nacional, reclaman la playa de Cabuyal como propia, privatizada en virtud de ‘cédulas’ otorgadas por la real corona española.

Intereses similares han construido un enorme hotel en Matapalo, el Riu, en áreas de humedal que fueron desecadas. Un poquito más abajo, en Nombre de Jesús y Zapotillal, la lucha comunal y ecologista ha mantenido a raya nuevos megaproyectos.

Más al sur ese fenómeno disminuye, sin embargo ya hay casos muy graves, como en Playa Caletas, donde hay un humedal, una zona de protección de tortugas y un refugio de vida silvestre, ahí hay un desarrollador que está secando un humedal para construir sus proyectos.

En Santa Teresa, Mal País y Cóbano, alrededor de Cabo Blanco, el papá de los Parques Nacionales, se desarrollan extensos proyectos inmobiliarios y turísticos, que en la mayoría de los casos violentan las regulaciones. Como dice Sonia Mayela Rodríguez ‘se pueden solo remontar por la avaricia humana'. Situaciones similares se encuentran en Tambor y Paquera.

En el Golfo de Nicoya, ya golpeado por la contaminación y la sobrepesca, las islas desde hace rato las quieren privatizar para construir hoteles y casinos.

Al otro lado, tenemos el drama de Costa de Pájaros, Punta Morales y Chomes, rodeadas de crecientes extensiones de piña y caña de azúcar que incluso ocupan áreas de manglar, envenenando el mar con plaguicidas y su aire con el humo de la quemas. Seguimos hacia el sur y llegamos a Herradura y Jacó donde nos sentimos como en el norte: marinas, campos de golf, hoteles y condominios, acceso restringido a la playa, contaminación, descomposición social y más.

En la fila costeña, de Quepos hasta Palmar, ves todo aquello lleno de planteles, eso está causando, en época lluviosa, que se laven al mar cientos de toneladas de suelo y terminamos en la Península de Osa y el Golfo Dulce, acá se plantea el proyecto del aeropuerto internacional, el cual requiere de hoteles para los cientos de turistas que llegarían. Y esto sin hablar de los impactos del propio aeropuerto, en el humedal que está cerca, y de los pájaros que chocarán contra los aviones o los aviones estrellándose por culpa de los pájaros, sino del efecto a más largo plazo y más amplio.

Además se están reactivando los proyectos de bienes raíces en la Fila Costeña. Esto me huele a la 'guanacastequización' de la península de Osa”, denunció.

LAS MARINAS

“En el país hay como 12 proyectos, de los cuales alrededor de cuatro operan. Las marinas son parqueos de botes, pues dados los desastres que ha causado el clima en Estados Unidos, (Golfo de México y Florida), las aseguradoras ya no están asegurando botes en esos lugares, entonces esa gente los está trayendo a parquear aquí. A esos botes se les debe dar mantenimiento, y cualquiera que trabaje en una marina o que sea pescador, le puede asegurar que no hay manera posible de limpiar, arreglar o reabastecer de combustible un bote, sin que algo se riegue y caiga al agua. Multiplique eso por los cientos de botes en un Golfo Dulce con una circulación de agua muy limitada. El resultado fácilmente sería catastrófico. Además, para construir una marina deben hacer un relleno sobre el mar”, adujo Héctor González.

El proyecto para la Marina Cocodrilo “va a tener un hotel en la pura punta, en el extremo hacia el mar, de varios pisos y una piscina sobre el mar. El Golfo Dulce y la Península de Osa tienen la ventaja competitiva (como dicen ahora), el ser únicos. Esos ecosistemas, esa belleza solo existe ahí. Así que si lo llenaran de hoteles y campos de golf, van a competir con Guanacaste norte o con Cancún o con tantos otros sitios en el mundo, perdiendo la oportunidad de atraer otro tipo de turismo, el ecoturismo y de basar en él un verdadero desarrollo sustentable de las comunidades”, expresó.

CONCLUSIÓN

“Creemos en asegurar la conservación y el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales de las zonas costeras, entendidas estas como la confluencia de los ríos que vienen desde la cumbre de las montañas y de los océanos, con el cumplimiento de las regulaciones y que todas las acciones tengan el máximo beneficio social; el mínimo impacto ambiental y aseguren la conservación a perpetuidad de los ecosistemas. No estamos diciendo NO al desarrollo bien entendido; estamos diciendo que es lo que está mal en ese desarrollo, y buena parte tiene que ver con que nuestras autoridades no tienen la capacidad, o la voluntad. Por ejemplo, vamos con la denuncia al Tribunal Ambiental. Ellos tienen toda la voluntad de investigar, pero no tienen ni el personal, ni los medios, pues es un trabajo muy grande, y por más que quieren no pueden con tanto. Y en cuanto a las Municipalidades, vea las noticias, no hay Municipalidad costera cuyo alcalde o algún miembro del Concejo no esté en la cárcel o haya sido acusado de algún caso de corrupción relacionado con la zona marítimo terrestre”, concluyó.

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