Legislador Merino advierte fraudes con las concesiones
Fuente: elpais.cr. La desesperación por hacer las cosas legales bien y cumplir los compromisos con grandes empresarios, tiene a los diputados oficialistas de Costa Rica dando tumbos para aprobar un nuevo proyecto de Ley sobre Marinas, con vicios inconstitucionales, que afecta al ambiente.

El dictamen de mayoría del “Proyecto de Ley de simplificación de trámites para la Reforma de la Ley de Concesión de Marinas y Atracaderos Turísticos, contó con la aprobación de 28 diputados contra 15 del Partido Acción Ciudadana (PAC), y el Frente Amplio.

Con esa decisión, los diputados acordaron que este martes el Plenario Legislativo discuta por segunda vez, en primer debate el proyecto que permitiría la construcción de esos megaproyectos en los litorales e islas de Costa Rica.

A pesar de la decisión de los legisladores, votada a las seis de la tarde de este lunes, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, acordó retirar el Proyecto de Ley, pero no se descarta que sea incluido en cualquier momento durante las sesiones extraordinarias.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad, José Luís Valenciano, al defender el informe de mayoría que aprueba la instalación de marinas y atracaderos “turísticos”, advirtió que el Proyecto de Ley puede pasear entre la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional unas cinco veces, como ocurrió con la Ley de Violencia contra la Mujer.

Para la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), integrante de dicha Comisión, al exponer el informe negativo de minoría resaltó que la entidad legislativa no tenía jurisdicción para realizar cambios o eliminar artículos completos con una decena de incisos, a sugerencia de la Sala IV.

Indicó que el camino correcto es enviar el Proyecto de Ley a la Comisión Dictaminadora antes de ingresar al plenario para ser sometida a discusión y posterior votación.

La legisladora cuestionó la urgencia de conocer y aprobar el Proyecto de marinas, ya que cada una de estas tiene un costo de 600 millones de dólares, y en Costa Rica existen 22 megaproyectos pendientes.

Merino

Para el Legislador del Partido Frente Amplio (FA), José Merino del Río, “el Proyecto debió regresar a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, ya que es un proyecto que privilegia el factor de lucro en perjuicio del ambiente y de las comunidades”.

Merino acusó al oficialismo y a sus aliados de crear un nuevo texto, y denunció que le están mutilando a los legisladores el derecho de enmienda, a partir de la reflexión de la Sala al declarar inconstitucional el Proyecto.

Advirtió también que a veces se corre para hacer una mala Ley, lo que  es un dolor de cabeza para la sociedad y el país.

Asimismo,  coincidió con Valenciano en que “si una ley debe superar un control de calidad democrática, rigor jurídico a su correspondencia con el estado Social de Derecho y de legalidad”.

Merino propuso atender el reclamo de una amplia gama de organizaciones sociales, ambientales, que reiteradamente se han manifestado en contra de este proyecto, “que realmente deberíamos archivarlo de una vez y que el próximo parlamento lo pruebe otra vez. La conciencia ambiental debe irse abriendo paso en el pueblo costarricenses para el bien de la naturaleza”.

“Hay sectores a los que no le importa la naturaleza porque el dinero impone la prioridad, las reglas y la defensa del ambiente tiene un profundo componente de moral extraordinario;  pues es la comprensión que una generación tienen que pensar no solo en su existencia sino en las posibilidades que les deja a las nuevas generaciones”, advirtió.

Reiteró que este proyecto debe ser rechazado, igual que las industrias extractivas que dejan graves impactos negativos para el país, y que cuentan con apoyo de unas cuantas personas, que se pueden contar con los dedos de las manos.

“Debemos revisar lo que está pasando en nuestros litorales con base en las experiencias negativas como las de Guanacaste, donde se cayó el mito de que la inversión era sinónimo de progreso”, dijo Merino.

“Debemos revisar lo que pierde este país cada vez que se tala un árbol, se destruye un manantial. Una gran cantidad de la población consume agua contaminada con materia fecal o con químicos. Debe haber un cambio de rumbo radical para proteger la vida”, propuso.

Merino insistió en que “no debemos seguir convirtiendo nuestros ríos en cloacas, donde no tenemos cultura de reciclaje, de consumo responsable”.

“El tema ambiental es una bomba nuclear que tiene las luces prendidas desde hace tiempo, y no basta con que un solo país lo haga, debe convertirse en una lucha universal que comprometa a todo el planeta”, apunto el legislador.

“Costa rica debe ponerle suma atención al tema del ambiente…Una costa Rica verde y en paz no puede declararle, como lo ha hecho este Gobierno, declararle la guerra a la naturaleza. Con ninguna artimaña legal se pueden segregar parques nacionales o áreas protegidas”, apuntó Merino.

Por su parte, Grettel Ortíz insistió que el proyecto no debía regresar al plenario, ya que las facultades de la comisión de consultas de constitucionalidad se excedieron. Para las enmiendas o correcciones debía ser la comisión dictaminadora la que tenía potestad de rectificación.

Reconoció que lo aprobado “excedía lo que la Sala IV proponía” y advirtió que dos artículos tienen el  error dar concesiones antes de otorgar los permisos ambientales.

Igualmente, denunció que el proyecto estaría a la medida para respaldar “inversiones que rondan los 600 millones de dólares y pueden mover conciencias”.

Ortiz explicó que ello equivale a la construcción de 22 aeropuertos, y podrían tener tanto problemas como el Aeropuerto Juan Santamaría, mientras que las marinas pueden generar problemas de seguridad, inversiones, salud, migración, drogas, prostitución” y otros males que no queremos para este país”.

“¿Está preparada Costa Rica para atender 22 marinas si no podemos atender un problema como el del Juan Santamaría?”, cuestionó.

Por otra parte, advirtió sobre contaminación de desechos sólidos, aguas negras, aceites, disolventes, gasolinas, pinturas, que producen un impacto negativo de 10 kilómetros a la redonda, que afectaría organismos vivos y corales, entre otros.

Finalmente, propuso que antes de aprobar la nueva Ley sobre marinas, “primero es necesario contar una Ley de desarrollo marino”.