Escrito por Eduardo Ramirez Florez  en semanario.ucr.ac.cr
Para el Tribunal Ambiental Administrativo, debería haber sanciones más rigurosas contra los infractores de las viabilidades ambientales.

De mantenerse la tendencia con que arrancó este año, crecerá el número de denuncias por daños al ambiente, según estimaciones del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Si bien las estadísticas que maneja este órgano estatal indican que en el 2009 las denuncias aumentaron ligeramente respecto del 2008 –al pasar de 451 a 461-, en el primer mes del 2010 se presentaron 65 quejas, 30 más que en el mismo periodo del año anterior.

Frente a estos números, el presidente del TAA –José Lino Chaves López- dijo que “de mantenerse está tendencia, se estarían duplicando los casos de daño ambiental este año y esto es preocupante para el país”. Por su parte, la vicepresidenta –Yamilette Mata- comentó que “esto es un llamado de atención de que debemos reforzar las medidas para disminuir las agresiones al ambiente”.

Cabe detallar que de las denuncias tramitadas en el 2009, el 40% (171) correspondieron a acciones contra el recurso hídrico, principalmente contaminación de ríos y afectación de nacientes de agua.
El secretario del mencionado Tribunal expresó al respecto, que “esta tendencia de alta contaminación química y microbiológica de los ríos con aguas residuales e industriales, así como con sedimentos por deforestación y por construcciones, es de los problemas que más nos preocupan y en el que más estaremos trabajando durante este año”.
Del deterioro en las fuentes de agua le siguen en importancia las denuncias (131), seguidas por tala ilegal de bosque y recursos forestales, seguidas por las referidas a invasión de zonas de protección, la tala para cultivos y para proyectos inmobiliarios, y la corta ilegal para aprovechar maderas.
Consultado sobre la eficacia de las llamadas barridas ambientales (giras de fiscalización por distintas zonas) que iniciaron en el 2008, Chaves López aseguró que han visto una mejoría en los sitios visitados, en cuanto al número de denuncias que se presentan, como es el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.
Otra región donde percibe un cambio significativo es en el Pacífico sur, señalado durante el 2008 y 2009 por los fuertes impactos ambientales en las montañas de la Fila Costeña y otros puntos al sur de esta, lo cual llevó a que el Tribunal Ambiental impusiera 65 medidas cautelares a diferentes proyectos turísticos e inmobiliarios.
Al respecto, Chaves alabó que la Municipalidad de Osa –cuestionada antes por propiciar muchos de los impactos dañinos contra el entorno natural de la región, ahora colabora en la fiscalización de las obras, para que los daños no sean tan numerosos como hasta hace poco.
El Presidente del TAA destacó el papel primordial que ha asumido la ciudadanía en la protección del ambiente, ya que es a partir de sus denuncias que instancias como este tribunal puede intervenir y sentar las responsabilidades del caso.
“Sí siento que se han mejorado mucho las condiciones ambientales en las regiones que hemos visitado. En otras en las que hasta ahora estamos interviniendo, nos hemos encontrado  verdaderos desastres ecológicos”.

ATENTADOS CONTRA EL AMBIENTE

Con base en la fiscalización efectuada por el Tribunal Ambiental Administrativo en diferentes áreas del territorio nacional, los cultivos extensivos de piña, palma africana y caña de azúcar, son los que presentan mayor cantidad de irrespetos al ambiente, originados por invasión de las zonas de protección de ríos y quebradas, menoscabo de nacientes de agua y deforestación para ampliar la frontera agrícola. En el 2009, el TAA debió intervenir en 25 productoras de piña que fueron denunciadas.
En este sentido, José Lino Chaves argumenta que “sabemos que el país debe producir y que los cultivos agrícolas son básicos para nuestra economía; pero esa producción debe ser sostenible, respetuosa del ambiente y ajustada a los cánones ambientales nacionales e internacionales”.
Una de las últimas inspecciones realizadas por el Tribunal en la región de Drake, en las inmediaciones del Parque Nacional Corcovado y en la Península de Osa, permitió detectar que por lo menos 8 hoteles y albergues presentaban condiciones que en algún grado atentaban contra el ambiente.
En estos lugares, el común denominador es que las edificaciones estén construidas dentro de los 50 metros inalienables de la zona marítimo-terrestre, o de las zonas de protección de ríos, quebradas y nacientes. Incluso, algunos hospedajes se encuentran en su totalidad dentro de terrenos que son patrimonio natural del Estado.
Otra irregularidad detectada en estos monitoreos ambientales, fue el funcionamiento sin los debidos permisos de varios aserraderos que utilizaban maderas de especies forestales incluidas en la lista de árboles de corta vedada, como el cristóbal.
En cuanto a la infraestructura hotelera construida dentro de la pública zona marítima-terrestre, en esta lista está el hotel Águila de Osa, La Leona Lodge, y Proyecto Campanario Albergue.
Algunos de los hospedajes no solo ubican sus instalaciones dentro del área pública, sino que además irrespetan las zonas de protección de fuentes hídricas.
Mientras tanto, en la barrida ambiental por la zona de Drake de Osa, también fue detectada una trocha de 3.7 kilómetros, autorizada por la Municipalidad. Aquí, un sendero peatonal fue convertido en un camino con una anchura en algunos tramos de 14 metros, lo cual se considera un cambio en el uso del suelo sin los respectivos permisos.
Los fiscalizadores del Tribunal observaron a lo largo de esta trocha, que se cortaron especies de árboles como manglillo, masicarán, marillón, chiricano, cedro dulce, aceituno y lechoso. Más de la mitad de este camino se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce y del Refugio Nacional de Vida Silvestre Punta Río Claro.
El TAA ha dicho que le dará seguimiento a lo anterior, con el fin de que se sienten las responsabilidades legales y económicas del caso.
Con la apertura de estos nuevos expedientes ambientales y los abiertos anteriormente por el Tribunal, ya suman 46, lo cual es motivo de preocupación para José Lino Chaves, pues “vemos que la presión sobre los recursos naturales en Osa no ha cesado, y el país debe poner atención a los problemas que se presentan en los bosques, las costas, los acuíferos, los ríos y ahora también en las zonas aledañas al Parque Nacional Corcovado”.

OTROS DAÑOS

Más al norte de este sector costero, los esfuerzos del Tribunal Ambiental se centran recientemente en un área que se extiende desde el estero de Puntarenas hasta Chomes, en donde los manglares revelan un serio impacto por quemas, talas e invasión por cultivos y construcciones de diverso tipo.
En un recorrido realizado antes de la semana santa, los especialistas del TAA se hicieron acompañar –dada la complejidad de los problemas- por funcionarios del Instituto Costarricense de Pesca, del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), del Instituto de Desarrollo Agrario, por la Municipalidad de Puntarenas y del Servicio Nacional de Guardacostas.
Tras la visita, quedaron bajo investigación decenas de casos, que incluyen a productoras de melón, piña, azúcar, y camarones, así como la operación de canteras aparentemente sin permiso y que generan sedimentos que llegan hasta los manglares transportados por los ríos Aranjuez, Ciruelas, Guacimal, Lagarto, Naranjo, y Seco.
Según el TAA, el manglar del norte de Puntarenas mide aproximadamente 2.500 hectáreas y no solo sirve como desove y de crianza de numerosas especies de peces, aves, camarones, cangrejos y moluscos, sino que también es el hábitat de gran cantidad de animales terrestres, como monos congo y carablanca, garrobos, pizotes y mapaches.
“En los años 70 había hasta 4 kilómetros de franja de manglar tierra adentro, mientras que en la actualidad se calcula que la franjas más anchas andan entre los 200 y los 500 metros”, explicó Stanley Arguedas, del ACOPAC.
Por su parte, José Lino Chaves lamentó que “estamos encontrando una gran cantidad de prácticas de afectación juntas, en un  área frágil y de gran importancia para Puntarenas y para todo el Golfo de Nicoya, que nos debe llevar a una reflexión profunda sobre lo que los costarricenses hacemos a los hábitat costeros. Esto requiere de una acción contundente por parte de todas las autoridades locales y nacionales responsables”.

SANCIONES MÁS DURAS

Al preguntársele al Presidente del Tribunal Ambiental sobre las medidas que considera pertinentes para reducir el deterioro del ambiente, expuso que una opción sería endurecer las penas a aquellas personas que desarrollen obras e incumplan con la normativa que aseguran respetar en la ejecución de sus proyectos.
Puso como ejemplo la legislación que se aplica en Canadá, en donde los ciudadanos  obtienen los permisos de viabilidad ambiental de manera rápida, tras firmar una declaración jurada para iniciar sus obras. En caso de que incumplan lo acordado,  reciben una fuerte sanción económica e incluso penas de prisión, y si es una empresa constructora, se le puede inhabilitar de por vida.
En su criterio, el país en los últimos años ha avanzado bastante en la protección del ambiente; sin embargo, todavía falta desarrollar más esta conciencia entre las personas, y por eso prefiere que denuncien todas las situaciones que consideren anómalas aunque después sean desestimadas, antes que no lo hagan del todo y se cometan violaciones por esa razón.
Al planteársele el tema respecto de la dualidad de los últimos gobiernos, que por un lado dicen ser ambientalistas y por otro promueven políticas que lesionan el ambiente, Chaves López aseguró que no es fácil, pero tampoco imposible, tener un equilibrio justo en materia ambiental.
“El Tribunal entiende perfectamente que el país necesita inversión; no podemos subsistir si no hay inversión, si no hay un desarrollo económico. Una de las actividades que el Tribunal está interviniendo muy fuerte desde el año pasado es la de las piñeras, en donde hemos tenido serios daños ambientales. Pero, también entendemos que esta actividad genera una cantidad importante de empleos. Cuando hemos tenido que cerrar una de estas empresas lo hemos hecho, tomando en cuenta que el costo social de ese momento va a ser menor que el costo social que va a tener para el país hacia el futuro, por daños a fuentes de agua o por la contaminación”, agregó.
Chaves afirmó que no comparte la posición de algunos funcionarios públicos de alto cargo, cuando sostienen que algunas medidas de protección ambiental limitan o detienen el desarrollo económico nacional.