Fuente: http://informa-tico.com/

Por esa razón, las organizaciones defensoras del ambiente están llamando a los ciudadanos a movilizarse en los próximos días contra el proyecto de extracción de oro en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos, tras la decisión de la Sala IV -anunciada el pasado viernes- de dar luz verde al proyecto.

"A quienes se sienten indignados por este fallo de la Sala Constitucional, les decimos que es la hora de hacer algo por el país, que salgan a manifestarse", señaló el ecologista.

Araya, quien fue electo regidor de la municipalidad de San Carlos en las pasadas elecciones, y asumirá el cargo en mayo próximo, dijo que existe consenso entre los regidores electos para convocar a un plesbicito a los habitantes del cantón, en torno al tema de la minería.

"Es una de las posibilidades que estamos barajando", dijo, "y definitivamente creo que la vamos a promover".

Araya fue quien presentó el recurso de amparo contra la concesión minera a la Compañía Industria Infinito, que pretende extraer 700.000 onzas de oro en Las Crucitas, para lo cual se propone arrasar un bosque de 190 hectáreas.

"Hay especies en ese bosque que ni siquiera sabemos cómo reproducirlas en cautiverio. Así que no es cierto, tampoco -como promete la empresa canadiense- que podamos compensar lo que se va a perder ahí, son 196 hectáreas de bosque, aproximadamente 196 cuadras en San José", dijo Araya.

Lucha legal

Pese a que considera que el factor decisivo para detener la minería a cielo abierto es la movilización de los costarricenses, Araya explicó que las organizaciones ecologistas seguirán trabajando en el terreno legal, hasta agotar todas las instancias.

Fue precisamente una oportuna acción de estos grupos lo que hizo que el Tribunal Contencioso Administrativo ordenara medidas cautelares el pasado viernes, poco después de que la Sala IV emitiera su fallo favorable a la explotación minera. De otra forma, la empresa hubiera intentado arrasar con la mayor cantidad posible de hectáreas el pasado fin de semana.

Este tribunal contencioso lleva adelante un proceso, que se hallaba suspendido por la interposición del recurso de amparo, con el cual se determinará la procedencia o no de la explotación minera en Las Crucitas.

El tribunal dio a los ecologistas una semana para sustentar su petición de que se suspenda cualquier actividad de la empresa, particularmente la tala de árboles, mientras se desarrolla el juicio, que podría durar varios meses, o incluso más de un año.

Según Araya, al cabo de ese proceso, el tribunal podría anular el decreto de conveniencia nacional, emitido por el presidente Oscar Arias y su ex ministro Roberto Dobles, que fue lo que reactivó el proyecto; anular la concesión minera y el informe de viabilidad emitido por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA).

O bien, podría autorizar la continuación de las obras, con lo cual se perdería definitivamente la rica biodiversidad del bosque amenazado por este proyecto minero.

Contradicciones

Esta última sería una posibilidad catastrófica, aseguró Araya.

"Nos hemos llenado la boca diciendo que este es un país defensor del ambiente, qué mensaje le estaremos dando al mundo si permitimos que esta explotación se lleve a cabo", señaló el líder ambientalista.

"Además, ¿en qué se diferencia una compañía minera de una productora de piña, que viene a generar empleos y divisas? Si esa compañía viene y para desarrollar su actividad tiene que botar un bosque, ¿por qué el gobierno no se lo va a permitir? ¿por qué no va a dar un decreto de conveniencia nacional si promete divisas y empleos?", se preguntó Araya.

El ecologista lamentó el voto de la Sala IV porque "es un antecedente nefasto" e implica "un cambio radical" en las opiniones que la máxima instancia judicial venía sosteniendo apenas unas semanas antes de que se presentara el recurso de amparo.

No hacía poco, relató, la Sala IV emitió un fallo en el que ordena al MINAE no dar más permisos para la explotación del almendro amarillo, un árbil vital para la sobrevivencia de la lapa verde, que se encuentra en peligro de extinción y que tiene en el bosque de Las Crucitas uno de sus más importantes hábitats.

"Ahora la sala parece conforme con el decreto de interés nacional del proyecto minero, contradiciéndose totalmente con lo que había mantenido anteriormente", situación que refleja las presiones políticas a que fueron sometidos los magistrados, dijo Araya.