Fuente: elpais.cr  | 24/11/2009

San José (elpais.cr) - Por segunda ocasión el Tribunal Constitucional devolvió el proyecto de ley sobre marinas a la Asamblea Legislativa, tras la consulta presentada por el diputado José Merino, quien advirtió que no se habían corregido las inconstitucionalidades señaladas por la Sala IV en la primera ocasión.

De acuerdo con el voto número 2009-17511, del miércoles 18 de noviembre "se rechazan las coadyuvancias planteadas. Se evacua la consulta legislativa de constitucionalidad del proyecto de ley "Modificación de varios artículos de la Ley #7744, Concesión y Operación de Marinas Turísticas", tramitado bajo el expediente #14.836, en el sentido que no existe el vicio de procedimiento acusado”.

“En cuanto al fondo, se evacua la consulta de constitucionalidad en el sentido que: a)  la propuesta de reforma al artículo 8 inciso d) de la Ley #7744 que contiene el artículo 2 del proyecto de ley es inconstitucional, porque permite iniciar la ejecución del contrato de concesión municipal para desarrollar una marina o atracadero turístico contando solamente con la Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la sentencia.

El voto agrega que “b) la propuesta de adición del artículo 9 bis, párrafo primero, de la misma Ley, contenida en el artículo 3 del proyecto de ley, es inconstitucional por anteponer temporalmente el otorgamiento de la concesión a la conclusión del Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de la viabilidad o licencia ambiental”.

Además, asegura que “c) la propuesta de reforma a los incisos b) y f) del artículo 19 de la Ley #7744, contenida en el artículo 2 del proyecto de ley, resulta igualmente inconstitucional al prever como causal de cancelación de la concesión el incumplimiento del plazo para continuar formalmente el proceso de Estudio de Impacto Ambienta ante la Setena (inciso b), y conferir iguales efectos al rechazo expreso de la viabilidad (licencia) ambiental, por parte de la Setena o por sentencia firme del Tribunal Ambiental (inciso f), con lo cual se está  partiendo, en ambos casos, de la concreción de la concesión de previo a la obtención de la viabilidad o licencia ambiental. Lo anterior desconoce el deber Estatal de proteger, preventivamente, el medio ambiente y limita el derecho a la participación ciudadana en la decisión de asuntos relacionados con este. Comuníquese al Directorio de la Asamblea Legislativa y a los diputados consultantes".

José María Villalta y Eva Carazo candidatos del Frente Amplio para la Asamblea Legislativa por San José, quienes son integrantes de la Red Nacional de Coordinación en Biodiversidad, que lucha contra la instalación de las marinas por sus efectos negativos contra el ambiente saludaron la decisión de la Sala IV.

“La Sala IV ha sentenciado que la evaluación de impacto ambiental debe ser aprobada por Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), como un requisito previo para el otorgamiento de concesiones a particulares sobre bienes de importancia ambiental, como la zona marítimo terrestre y el mar territorial, para la construcción y operación de marinas turísticas”, destacó Villalta, quien es asesor del legislador José Merino.

Por su parte, Carazo dijo que “consideramos muy positiva esta decisión que rechaza la intención de legisladores libertarios y liberacionistas de eliminar la obligación del estudio de impacto ambiental, en un proyecto presentado como de simplificación de trámites para la instalación de marinas y atracaderos turísticos, pero que en realidad favorece a los extranjeros dueños de yates de lujo”.

El diputado Merino y otros recurrentes indicaron que el proyecto “es violatorio del derecho a un ambiente sano y del derecho a la participación ciudadana de la población que eventualmente podría resultar afectada por dicha concesión".

La Sala IV les dio la razón, pues también indica que conocer la evaluación de impacto ambiental después de haber aprobado la construcción de las marinas, atenta contra el derecho de las comunidades a dar sus opiniones previamente.