Escrito por Vinicio Chacón en Semanario Universidad (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

El jerarca de Ambiente de la administración Pacheco estimó irrespetuosas las declaraciones del presidente Oscar Arias contra las críticas de los obispos al proyecto minero.

Carlos Manuel Rodríguez, quien fungió como ministro de Ambiente y Energía durante el gobierno de Abel Pacheco, rechazó categóricamente las afirmaciones de que la concesión minera del proyecto Crucitas le fue heredada de la anterior administración y responsabiliza al presidente Oscar Arias de levantó la moratoria contra la minería a cielo abierto, otorgar la concesión y declarar el proyecto de interés público.

Rodríguez enfatizó que tras la declaratoria durante su gestión de una moratoria sobre la actividad minera, la empresa impulsora del proyecto Crucitas, Industrias Infinito S.A., no tenía ningún derecho adquirido para llevar a cabo la iniciativa de explotación de oro a cielo abierto con cianuro.

Sin embargo, Arias en un artículo titulado Costa Rica será verde o no será que apareció en la prensa nacional el pasado 15 de enero, señala que esa concesión “no fue otorgada por este Gobierno, ni por mi persona. Se trata de un derecho adquirido por una empresa internacional desde hace ya muchos años, que nosotros heredamos al asumir el poder”.

El presidente hizo circular ese texto luego de que la Conferencia Episcopal el día 12 de enero emitió un pronunciamiento, en el cual le solicitó a Arias la derogatoria del decreto mediante el cual declaró “de interés público y conveniencia nacional” la iniciativa. Sobre el tema también se refirió el expresidente Pacheco (Ver nota “Arias ha demostrado estar a favor de la minería”).

Rodríguez, quien actualmente funge como Vicepresidente de Conservación de la organización no gubernamental (ONG) Conservación Internacional, en entrevista concedida a UNIVERSIDAD se refirió a esos temas y a las deficiencias del estado costarricense para regular la actividad minera.

¿Cuáles fueron las razones que en su momento llevaron al gobierno de Costa Rica a declarar una moratoria sobre la minería?

- La Dirección de Geología y Minas concentra el 90% de su esfuerzo en dar concesiones para extracción de material para la construcción y siempre ha sido muy limitada en sus capacidades financieras y técnicas. Me interesé por eso y además conocía las experiencias mineras de oro a cielo abierto y tenía claro que no convenía al país, habíamos tenido experiencias desagradables.

El presidente Abel Pacheco estaba claro en no propiciar actividades petroleras y le planteé que se debía establecer una moratoria minera, por tres razones. La primera es económica, el canon que las empresas pagan por una concesión minera es de menos del 3% del valor del recurso a explotar y eso es totalmente inconveniente para los intereses del Estado. En el caso de Crucitas la empresa ha dicho que el oro que se encuentra en el subsuelo se valora en $1.000 millones, el Estado recibiría nada más un 3% de eso, pero los países desarrollados, como Canadá, cobran entre un 30% y un 40%. Presentamos un proyecto de ley para cambiar esto y está desde entonces en la Asamblea Legislativa.

El segundo argumento es que la Dirección de Geología y Minas, aún cuando tiene personal calificado, carece de los instrumentos tecnológicos y financieros para supervisar actividades de este tipo, hay seis geólogos para todo el país. Las actividades de minería de oro son muy delicadas, por el cianuro y muchas otras razones, y por eso hasta que esa Dirección no tenga las condiciones idóneas para hacer el monitoreo y seguimiento, no se puede otorgar la concesión.

Finalmente, estas empresas han demostrado que tienen muy poca experiencia en minería a cielo abierto en ecosistemas tropicales, han dejado las minas botadas sin ningún beneficio para el país, como Macacona, Veta Vargas y Bellavista.

Declaramos la moratoria a los dos meses de gobierno. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el patrimonio natural y el interés de la colectividad. Antes de la declaración de moratoria, Industrias Infinito recibió una concesión que luego la Sala Constitucional derogó. Además, la misma Sala nos dio la razón cuando esta empresa cuestionó los alcances de la moratoria.

¿Qué opinión le merecieron los argumentos del Gobierno al derogar la moratoria?

- Son decisiones desatinadas que no reflejan un entendimiento de los costos y beneficios, se compromete el interés del país y a la empresa se le facilita la explotación en condiciones contraproducentes para el Estado. Creen que con la simple redacción de una serie de salvaguardas mineras ambientales se resuelven los problemas que generaron la moratoria, sin que se den asignaciones presupuestarias significativas ni cambios en la legislación.

El presidente Arias manifestó públicamente que la concesión al proyecto de Crucitas no fue otorgada por él ni por su gobierno, sino que se trata de un “derecho adquirido” por la empresa “desde hace muchos años”.

- Definitivamente don Oscar Arias no se acuerda de lo que ha firmado en este caso particular. Él firmó los decretos, la ley especifica que una concesión se otorga a través de un acto jurídico donde firma el Ministro de Ambiente y el Presidente. Él firmó la concesión minera y es una gran falta la que comete el Presidente al decir dos cosas que no son ciertas, por un lado no es cierto que la empresa tenga los derechos adquiridos, pues se le aplicó la moratoria y la Sala Constitucional lo avaló; por otro, fue el gobierno de don Oscar el que levantó la moratoria, otorgó la concesión y declaró el proyecto de interés público.

Usted manifiesta que Arias “no se acuerda”, pero el hecho es que él ha externado esta nueva posición en plena campaña electoral.

- Creo que su exministro (Roberto) Dobles lo embarcó en este tema y que el costo político fue más alto que los beneficios y no sólo en este caso, también está el de la concesión minera en el río Aranjuez, en Puntarenas, donde presidente y exministro otorgaron una concesión a familiares, lo cual provocó la salida de Dobles, es la primera vez que un ministro de Ambiente deja su cargo por algo así. Es un tema de mucha trascendencia porque se trata de una violación a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, un acto de corrupción y no hay excusas para evitar el proceso penal que esto implica.

Creo que el Presidente se embarcó una vez más al suscribir un artículo (Costa Rica será verde o no será) que seguramente no escribió y en el que la información no es veraz, y lo hizo pues trata de lavar su imagen ante la opinión pública. Según una encuesta realizada por The Nature Conservancy (TNC), el 78% de los costarricenses se opone al proyecto en Crucitas. Eso quiere decir que en campaña electoral el tema tiene un costo importante y el Presidente quiere corregir el error, pero lo hace de una manera muy poco profesional, alejado de la realidad y con ello evidencia su poco interés por los temas ambientales.

¿Qué opinión le merece el hecho de que esa publicación del Presidente se dio poco después de que la Conferencia Episcopal se manifestara en contra del proyecto minero?

- Me generó mucha preocupación ver al Presidente en los medios de comunicación referirse al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal minimizando y ridiculizando su contenido y alcances, según él porque los obispos no deben meterse en este tema. Me pareció una falta de respeto.

En mi opinión los obispos procedieron de acuerdo con las directrices y resoluciones que el Vaticano ha emitido sobre el tema ambiental.

Desde hace varios meses el proyecto Crucitas está en conocimiento de la Sala Constitucional, que finalmente lo frenará o dará luz verde. Sin embargo esa decisión se ha atrasado, ¿siente usted que hay una espera a que pasen las elecciones, en vista de que es un tema que perjudicaría al oficialismo?

- No quiero pensar que eso sea así. Considero que si podemos hacer énfasis en un buen trabajo de la Sala es en el tema ambiental, ha sido uno de los baluartes para la defensa del medio ambiente en un sin número de resoluciones y no creo que eso esté pasando, lo cual no quiere decir que de hecho no suceda, pero parto de una presunción de buena fe.

La Sala Constitucional muchas veces dura más de la cuenta y sus resoluciones no llegan en el momento más propicio para velar por el interés de la colectividad. Me temo que desde el punto de vista de la legalidad del proceso, el gobierno de Oscar Arias cumplió con los procedimientos, al levantar la moratoria y establecer un procedimiento para otorgar la concesión. Ello no exime a la Sala de analizar el tema desde el ángulo ambiental, a partir del cual hay muchos argumentos que hacen ver que el proceso en la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) no es el mejor, ni exime al Gobierno de haber comprometido el interés de la nación, esto es producto de una política que buscó favorecer a la empresa.

¿Qué se debe hacer en el posible escenario de que la Sala Constitucional avale el proyecto?

- Es un escenario muy complejo, como abogado partiría de la presunción de que hay un derecho otorgado. Muy similar al caso que me encontré como ministro de la mina de Miramar, a la cual me oponía pero contaba con una concesión otorgada por el gobierno anterior, la única opción para detenerlos era indemnizarlos y conciliar una terminación de la concesión.

En este caso sucedería en momentos en que el MINAET ni el país tienen las condiciones financieras para ello. Me da mucho pesar y me preocupa mucho, es producto de una decisión de Oscar Arias, pero él no enfrentará el costo político ni económico de esa decisión.

Abel Pacheco:

“Arias ha demostrado estar a favor de la minería”

El exmandatario se mostró esperanzado en que la Sala Constitucional procederá en su resolución “con justicia para el país y su riqueza ecológica”.

Vinicio Chacón

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El expresidente de la República, Abel Pacheco dijo a UNIVERSIDAD que “también heredé el problema de la minería, pero lo manejé diferente; Crucitas es un crimen contra el planeta, por eso decreté la moratoria y la mantuve”.

Tras una consulta hecha por este semanario, el exmandatario afirmó puntualmente sobre lo externado por Arias el 15 de enero, en el artículo Costa Rica será verde o no será que “la de Oscar Arias es una posición ideológica, él ha demostrado que está a favor de la explotación de la minería a cielo abierto”.

Se mostró preocupado porque “en estos momentos se ciernen sobre el país varias amenazas mineras, precisamente en el mismo corazón de la ecología de Costa Rica, Corcovado”.

Cuestionado sobre el proceder de la Sala Constitucional a lo largo de todo el proceso de estudio del proyecto minero, manifestó que “no veo razón alguna para destruir lo que heredamos en este país, la riqueza que el Señor nos encargó para cuidar, no veo cómo pueden destruir por un plato de lentejas el patrimonio nacional, así no se puede decir que Costa Rica será verde o no será”.

Se le preguntó entonces cuál es el camino por tomar si la Sala Constitucional finalmente avala el proyecto minero: “tengo fe en que la Sala procederá con justicia para el país y su riqueza ecológica; de no ser así, los costarricenses debemos organizarnos para defender lo que es nuestro y la vida misma del planeta, las decisiones le tocarán a los líderes de la ecología nacional, yo sólo seré un soldado”.

Crucitas paso a paso

De acuerdo con información provista por Carlos Manuel Rodríguez fue en diciembre del 2001 cuando Elizabeth Odio, por entonces Ministra de Ambiente y Energía otorgó una concesión a Industrias Infinito S.A. para la explotación minera.

Sin embargo, en junio del 2002, el gobierno de Abel Pacheco declaró la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de la minería metálica. Dos años después, la Sala Constitucional emitió el Voto 2004-13414, mediante el cual anuló la resolución que había otorgado la concesión minera a Industrias Infinito S.A. “por violación al principio preventivo y derecho constitucional al disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del Artículo 50 de la Constitución Política, al haber otorgado la concesión de explotación sin la aprobación previa del Estudio de Impacto Ambiental”, según esa fuente.

La aprobación al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) fue finalmente otorgada por la SETENA en diciembre del 2005, es decir, cuatro años después de que el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez otorgó inicialmente la concesión anulada por la Sala Constitucional.

En febrero del año pasado, la misma SETENA aprobó la modificación que Industrias Infinito presentó al proyecto minero de Crucitas. Esa modificación ha sido muy criticada pues multiplicó seis veces la profundidad de la excavación, implica el uso de explosivos y alcanza un manto acuífero importante, entre otros cuestionamientos que se suman a las objeciones por el uso de cianuro.

En marzo el gobierno de Oscar Arias derogó la moratoria sobre la actividad minera metálica mediante el decreto 34492-MINAE, el cual apareció publicado en La Gaceta hasta junio. En ese lapso, en el mes de abril, la resolución 217-MINAE otorgó la concesión de explotación minera a Industrias Infinito.

El 17 de octubre del 2008 se publicó en La Gaceta el decreto 34801-MINAET, mediante el cual el presidente Arias y Roberto Dobles, por entonces jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), declararon de “interés público y conveniencia nacional”, el proyecto minero. “En virtud de la presente declaratoria -reza el decreto-, la empresa desarrolladora, previa autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de protección, según se indica en el proyecto”.

Cabe recordar que esas especies vedadas consignadas entre paréntesis incluyen al almendro amarillo, crucial para la sobrevivencia de la lapa verde, en peligro de extinción.

Actualmente, la Sala Constitucional debe resolver más de diez recursos de amparo que diversas organizaciones y personas han interpuesto contra esa declaratoria. Será esa decisión la que finalmente determine si se abrirá o no la gran mina a cielo abierto en Crucitas de San Carlos.

Desde que el mandatario emitió esa cuestionada declaratoria, UNIVERSIDAD en numerosas oportunidades ha informado sobre las múltiples críticas al proyecto y al accionar de los magistrados de la Sala Constitucional (Ver UNIVERSIDAD del 25 de febrero, 31 de marzo, 2 de junio, 4 y 18 de agosto, 16 y 22 de setiembre y 17 y 25 de noviembre del año pasado).

En mayo, el Consejo Universitario de la UCR emitió un pronunciamiento, basado en un Informe de una Comisión Especial, en el que recomendó que el país vuela adeclarar una moratoria sobre la minería química a cielo abierto.