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Actualmente, la Universidad de Costa Rica (UCR) está bajo un gobierno de transición, se espera que para octubre de este año se tengan elecciones y así se defina quién será la nueva persona rectora de esta institución. También se definirán quiénes serán las encargadas de acompañar en las distintas vicerrectorías a la futura persona rectora. Sin duda alguna, en un contexto como la actual pandemia, es un momento clave para definir nuevos retos que finalmente busquen fortalecer el quehacer universitario.
Muchas y muchos recordarán que el señor Jensen Pennington fue el rector de la UCR desde el año 2012 hasta el pasado mes de mayo del presente año, y fueron varias las personas que estuvieron a su lado coordinando las distintas vicerrectorías de esta Universidad. Sin embargo, sin duda alguna la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) fue una de la más cambiantes de todas, contando con tres personas distintas en esos ocho años.
Fue justo en la administración Jensen que el discurso del emprendedurismo tomó muchísima fuerza, y al mismo tiempo la Acción Social iba siendo cada vez más débil, o más bien, cada vez más debilitada. No era una prioridad definitivamente. Y es que desde que el señor ex-rector inició su campaña política en el año 2011, prevaleció la discusión de que la Acción Social en la UCR debía re-ordenarse, re-plantearse, re-estructurarse. Las razones que se dijeron fueron varias, pero sonó con mucha fuerza que se debía frenar el “desorden” interno de la VAS y ese crecimiento “amorfo” que venía dándose.
De esta manera, en estos ocho años entraron a esta vicerrectoría tres distintas formas de administrar, tres visiones completamente diferentes, pero todas con el mismo común denominador: “hay que ordenar la casa”. Pero, a pesar de que para ordenar es necesario primero reglamentar, lo cierto es que los criterios para “ordenar” la VAS fueron los de implementar un nuevo orden, y luego otro, y finalmente otro. Reglamentar la Acción Social tampoco fue una prioridad, y esto sin duda iba a terminar debilitándola.
Estos tres “órdenes” distintos decantaron en que varias veces se dieran cambios (nuevos) en la estructura interna de la vicerrectoría, re-acomodos de puestos e inclusive una remodelación del edificio. A pesar de que no era una prioridad, la necesidad de reglamentar la acción social siempre ha sido un tema urgente de atender. Se realizó un proceso participativo que buscaba diagnosticar aquellos temas necesarios de fortalecer y de cambiar. Se creyó que las cosas estaban tomando un rumbo distinto, pero nuevamente el “orden” se impuso, y todo este proceso donde participaron docentes, estudiantes y personas funcionarias no fue tomado en cuenta.
Sin duda alguna, resulta evidente el debilitamiento constante que vivió la Acción Social durante la administración Jensen Penington, culminando con una gestión (de pocos meses) que logró reestructurar la dinámica de algunos Programas de Acción Social, los cuales también se veían como parte de aquel “desorden” necesario de limpiar. A la fecha, los reglamentos (tanto de Acción Social como de Programas Institucionales) no se han logrado finiquitar, debido a los distintos cuestionamientos que se les han hecho desde muchos sectores; una consecuencia de no haber tomando en cuenta la posición de las personas que hacen acción social en la Universidad, ni mucho menos de las que conforman los Programas Institucionales de Acción Social.
Esperamos que la nueva administración que está por entrar, considere la importancia que tiene la Acción Social, no solo dentro de la Universidad, si no en general para la sociedad costarricense. No es ninguna mentira cuando decimos que es la Acción Social la cara más visible de la UCR, ya que es a través de esta que se sostienen procesos grupales y comunitarios en zonas geográficas vulnerabilizadas, trabajando con poblaciones específicas, y buscando siempre colaborar en las transformaciones que nuestra sociedad requiere.
Voces y Política: Reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental?
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Las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental?
Con la participación de Carlos Manuel Rodriguez Ministro de Ambiente, Danny Villalobos geógrafo y presidente de FECON y Ifigenia Quintanilla representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA
Pueden descargar el video aquí.
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Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín
Publicado en Surcos Digital: https://surcosdigital.com/el-aeropuerto-internacional-del-sur-no-fue-una-solucion-en-el-pasado-y-no-lo-va-a-ser-en-este-nuevo-contexto/
María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]
El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.
El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.
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El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES). El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.
En esta ocasión profundizamos el análisis del informe Legislativo sobre el FEES y autonomía universitaria.
Participarón Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana, Facultad de Ciencias Sociales y Ana Catalina Chavez Arias, Presidenta FEUCR.
Pueden ver el programa completo aquí.
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"el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP nos invitan a conocer y ser parte del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra para problematizar este contexto que nos interpela a todos y todas, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados con el origen, propiedad y gestión de los bienes comunes."
¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Sor Juana Inés de la Cruz
Nuestro contexto está siendo remodelado por una de las mayores crisis de las que podamos tener memoria, tanto por sus afectaciones inmediatas, como por las consecuencias que llegará a extender en nuestras formas de relacionarnos. Sin embargo, algo desafía las condiciones actuales, lo común se muestra como un pilar que está defendiendo la vida, por esta razón es importante pensar cómo lo común está presente en nuestras relaciones y espacios.
Podemos empezar visitando nuestras memorias socioecológicas, ahí recordamos escuchar historias sobre los bosques, los ríos, los parques y cómo a partir del vínculo con esos entornos surgieron saberes y prácticas que enriquecieron nuestras experiencias. También en nuestro contexto ante la incertidumbre que nos envuelve o las amenazas que aparecen ante la escasez, lo común se presenta como fundamental para garantizar la vida. Una de sus dimensiones son los bienes comunes, que se evidencian como indispensables para la reproducción de la vida misma.
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Compartimos esta iniciativa, que tiene como propósito, conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.
Más información aquí.
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Este miércoles estaremos conversando sobre las implicaciones a nivel laboral que ha tenido el Covid-19, un virus que ha venido de alguna manera a “paralizar” la economía y de la mano con el capitalismo, ha dejado una serie de consecuencias que pueden ser graves a mediano plazo para las personas trabajadoras.
Para esto, nos acompañan el día de hoy a través de Zoom:
• Mauricio Castro, profesor universitario, Doctor en Derecho Laboral
• Jouseth Chávez Rodríguez, Secretario General de SITRASEP y miembro del PT.
Pueden verlo completo aquí.
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El priorizar políticas para la intensificación de la agroindustria y de las cámaras empresariales ha venido acompañado del debilitamiento de las condiciones de las comunidades para potenciar la agricultura y la producción de alimentos a escalas familiares y comunitarias. Esto ha implicado que cada vez más personas campesinas se acerquen a los trabajos en empresas productoras de monocultivos como piña, banano y palma, generando también un cambio en las economías familiares, que en ocasiones pasan a depender en mayor medida del trabajo asalariado.
Tal y como diversas comunidades lo han comentado, la llegada de estas empresas ha provocado, además de este, impactos en la cotidianidad de las personas, como la exposición a agroquímicos, el mal estado de los caminos por el peso de la maquinaria, la contaminación de fuentes de agua y un sistemático incumplimiento de derechos laborales.
Sin embargo, el contexto de pandemia que se encuentra atravesando el mundo pone nuevas discusiones sobre la mesa y evidencia aún más las desigualdades que venían sucediendo y que se intensifican. En los últimos meses, a raíz de la pandemia, ha habido afectaciones a gran escala en el sector trabajador; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el contexto del COVID-19 se reporta el 81% de la fuerza de trabajo mundial con afectaciones totales o parciales. Para el caso de Costa Rica, según el informe de del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estimó que unos 200 mil empleos serán afectados y que el desempleo pasaría de un 12% a un 19%. En el caso del sector agrícola, específicamente el de producción de piña, se reporta pérdidas principalmente en la Zona Norte del país, que es donde se concentra el 49% de esta producción. Según informes del presidente de la Cámara Nacional de Productores y exportadores, ha habido una afectación en el 38% de la piña, la cual está teniendo problemas de comercialización en Estados Unidos y Europa.
No obstante, a pesar de que se presenta un nuevo contexto para la economía, es necesario recalcar que aún en los momentos de mayor producción y exportación de esta fruta las condiciones de trabajo se han desarrollado bajo un constante incumplimiento de derechos. Eso se ha visto reflejado en las reiteradas denuncias y huelgas que se han realizado a lo largo de años.
Sin embargo, las condiciones han tendido a profundizarse y hacerse más evidentes con la pandemia. El Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) se encuentra denunciando que en momentos de emergencia sanitaria hay empresas piñeras en la Zona Norte del país que en su conjunto tienen hasta 750 trabajadores sin seguro, las cuales continúan incumpliendo sus deberes patronales. Por otro lado, se reporta omisión por parte de las empresas de las normas básicas del Ministerio de Salud y el equipo necesario para las medidas sanitarias y laborales.
Esta crítica situación preocupa en mayor medida debido a las características socioeconómicas que reúne la Región Huetar Norte. Según Mideplan, la actividad agropecuaria es la más importante en la región, puesto que en este sector trabaja cerca del 35% de la población. Por su parte, Morales y Segura (2017), basadas en el Censo Agropecuario del 2014, señalan que “hay una relación directa entre pobreza, empleo agropecuario y extensión agropecuaria” (p.226).
Por otro lado, la presencia reiterada de bajas calificaciones en índices como el de Desarrollo Social de Mideplan y el de Competitividad Cantonal del Observatorio del Desarrollo de la UCR, son muestra de la condición de vulnerabilidad en la que se ha colocado a las regiones fronterizas y costeras del país. Oportunidad que ha sido aprovechada por la agroindustria de la piña, la cual ha captando mayores rentas a partir de su creciente control del mercado de trabajo, del acceso a mano de obra transfronteriza y del incumplimiento de derechos laborales.
Este periodo de crisis puede dar paso a un sinfín de debates entorno a manejos y decisiones políticas y también a cómo repensar las relaciones con otras personas y la naturaleza. Lo cual permite recalcar la importancia de la soberanía alimentaria y las formas de producción de alimentos frente al modelo agroexportador que nos han vendido las élites político-económicas del país. Así como abrir discusiones alrededor de las grandes desigualdades que existen entre las regiones fronterizas y costeras y lo que conocemos como la GAM. Pero definitivamente, lo que nos debería de ocupar hoy, en el corto y mediano plazo, son las respuestas que desde lo local se pueden articular para hacer frente a la crisis, y que ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema.
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Agradecemos a todas la Unidades Acádemicas que nos han hecho parte de sus espacios: CIEP UCR Facultad de Ciencias Sociales Escuela De Ciencias Políticas Escuela de Trabajo Social UCR Escuela De Antropologia Ucr Escuela De Geografía
Les compartimos la nueva configuración de los proyectos del Programa Kioscos, organizados por las Unidades Académicas en donde cada proyecto está inscrito.
Prosokioc
