Por Diego Molina TCU kioscos Ambientales  en hablacostarica.com

La primera demanda contra el Estado costarricense por parte de un pueblo indígena (Keköldi, de Talamanca), fue estudiada esta mañana en una audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo y se dividió en dos juicios diferentes.

La demanda exige que el Estado expropie a todas las personas no indígenas que poseen terrenos en el territorio indígena de Keköldi, cercano a Puerto Viejo de Talamanca. Sin embargo, en 1996 un decreto ejecutivo excluyó la zona costera del territorio protegido, y esa zona deberá disputarse en un segundo juicio.

Al ser la una de la tarde del día de hoy arrancó el primer juicio, que analiza el caso de los terrenos que actualmente son reconocidos como indígenas por parte del Estado, en los cuales habitan numerosas personas no indígenas. El caso más notorio y desencadenador del actual juicio es el del ciudadano italiano Ídolo Agustín Mastroeni, quien posee una finca en el territorio que fue tomada por indígenas de la zona, quienes recibieron una medida cautelar por parte de la Fiscalía de Bribri.

El abogado demandante Danilo Chaverri Barrantes confía en que este primer juicio pueda concluir hoy mismo o a lo sumo mañana en la mañana y recibir un veredicto en el plazo de 10 días hábiles.

"Desde 1977 la ley dice que quienes no son indigenas tienen pero que tienen escrituras en esas tierras tienen que ser expropiados y reubicados, y que quienes invadieron después de esa fecha deben ser expulsados inmediatamente. Pero después de 34 años hay más personas no indígenas que antes... El Estado no respeta la ley", afirma Chaverri, quien se muestra optimista de obtener un resultado favorable.

Un segundo juicio será necesario para analizar el caso de las tierras costeras que fueron excluidas del territorio desde 1996, para analizar si el decreto es válido y debe ser anulado. De ser así, estos terrenos regresarían a formar parte de Keköldi.

Para este segundo caso, se concedió a los demandantes un plazo de diez para presentar las pruebas que indiquen la necesidad de impugnar el decreto, y posteriomente un plazo de cinco días para que el Estado se defienda.

En el banquillo de los acusados se encuentran la Procuraduría General de la República representando al Estado, el Instituto de Desarrollo Agrario, encargado de administrar los terrenos en conjunto con el tercer demandado: la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI).

A diferencia de los demás acusados, la CONAI asegura estar a favor de los demandantes y declinó de obstaculizar el proceso.

En este momento los testigos de ambos bandos están dando sus declaraciones en el estrado.