Escrito por David Chavarría Hernández  en semanario.ucr.ac.cr

Pese a que de Santa Rosa de Pococí a El Jobo de Caño Negro hay una distancia de más de 200 kilómetros, ambas comunidades comparten una realidad: la lucha contra la expansión piñera que amenaza con poner en riesgo el futuro de sus habitantes.

Con el incremento en el número de hectáreas sembradas de piña y tras la contaminación de sus fuentes de agua, comunidades como El Cairo y Milano de Siquirres ahora son abastecidas periódicamente con camiones cisternas, por lo cual se genera un fuerte rechazo a la actividad piñera en otras zonas del país.

Para el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y miembro del grupo Llamado Urgente por el País, Nicolás Boeglin, la oposición surge ante la poca respuesta de las instituciones del Estado: “Los mecanismos de fiscalización y control en materia ambiental de autoridades estatales no han logrado ordenar este crecimiento, que se inició en el país en el 2006, con la introducción de la variedad MD2 o Sweet Gold. Recordemos que pasamos de 18.000 hectáreas de piña en el 2005 reportadas, a más de 60.000 en la actualidad, recordó”.

En mayo pasado tres fincas piñeras fueron cerradas en la Zona Norte; no obstante,  Andrea Corte, vecino de Caño Negro e integrante de la Asociación para la Protección, Conservación y Sanidad de los Recursos Naturales (ASOPROCOSARENA), señaló que todas están trabajando de nuevo.

“El problema es administrativo, es una incapacidad de manejar los pocos recursos que hay, ya que nosotros hemos realizado varias denuncias y el Tribunal Ambiental solamente hace barridas, pero lo que parece es que quisieran que no hagamos denuncias”, se quejó.

Sin embargo, Miguel Zamora -juez de dicho tribunal- argumentó que “el problema es que como se cerraron tres piñeras en la Zona Norte, ahora quieren que se cierren todas;  pero no se puede cerrar una actividad que esté en orden. Hay que comprobar que existe algún peligro”.

Algunas comunidades han recurrido a la moratoria como una manera de controlar el crecimiento de esta actividad, como es el caso de Guácimo y Siquirres. Esta posición es respaldada por un pronunciamiento del año 2008 del Consejo Universitario de la UCR, en el cual se solicita una declaración de moratoria para nuevas extensiones de piña en el país.

OTRA COMUNIDAD DICE ¡NO!

Más recientemente, Santa Rosa de Pococí dijo no a la actividad piñera. Enclavada entre plantaciones bananeras, esta pequeña comunidad campesina -conformada hace más de 40 años- hoy libra una lucha que definirá su porvenir.

Hace 6 años sus pobladores fueron alertados de la posibilidad de que 280 hectáreas dentro de su comunidad fueran ocupadas por un sembradío de piña. Desde ese momento la comunidad ha recurrido a todos los argumentos legales posibles, para detener la siembra de la fruta.

El más fuerte de estos argumentos es un estudio realizado por Acueductos y Alcantarillados (AyA), en el cual se especifica que la cercanía de la plantación piñera con las principales tomas de agua  que  abastecen la comunidad, va a generar un impacto negativo.

Luis Agüero Garro, integrante del Comité Ambiental y de Salud de Santa Rosa, sostiene que “el estudio que hizo el AyA indicó que los acueductos se iban a contaminar al 100%, ya que la finca está en una parte más alta de la comunidad; entonces, es un hecho que nos van a contaminar”.

A pesar de los señalamientos de AyA, la empresa Grupo ACON S.A -dueña de la finca donde se sembraría la piña- cuenta con los permisos otorgados por la Municipalidad de Pococí y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), no así con el visto bueno de la comunidad.

“Esa viabilidad no se consigue con un sello o en SETENA; esa la da la comunidad y es la última palabra”, expresó Mauricio Álvarez, docente y coordinador del programa de Kioscos Ambientales de la UCR.

Johnny Delgado Fernández, vecino de Santa Rosa, expuso que “las comunidades sí  tenemos poder; es que no lo sabemos utilizar, porque ya tenemos parado desde hace 6 años a un monstruo económico como es el Grupo ACON”.

El malestar de la comunidad se incrementó luego de enterarse que la empresa presentó como parte de sus requisitos un estudio social, en el cual se aducía haber realizado una consulta a los habitantes de Santa Rosa, pero la presión comunal logró demostrar que este era falso.

“En una reunión que tuvieron ellos acá con parte del pueblo, la empresa presentó una encuesta donde decía que habían hablado con 90 mujeres y 100 hombres de Santa Rosa; pero, les pedimos que nos dieran los nombres y apellidos, porque a nosotros nos sonó raro que nadie hubiera participado, y no quisieron dárnoslos”, puntualizó Luis Agüero Garro, vecino de la comunidad.

Es por esto que los representantes de la comunidad solicitaron al programa de Kioscos Ambientales de la UCR la elaboración de una encuesta, que reflejara la verdadera opinión de los habitantes.

El pasado sábado fue la presentación de los resultados de esta encuesta, que reveló que cerca del 70% de la comunidad está en contra de la instalación de la piñera, mientras que un 21% dijo estar de acuerdo parcialmente y un 9% no supo o no respondió.

El próximo 30 de setiembre, la empresa dueña de la finca autorizó una visita a la propiedad donde se pretende sembrar la piña, por lo que ya la comunidad se prepara para hacer sentir su descontento y solicitar además que el terreno se utilice para otra actividad que no perjudique a Santa Rosa de Pococí.

Plantación opera junto a Escuela en Caño Negro

En el camino que va hacia Caño Negro de Los Chiles, una comunidad llama la atención: la de El Jobo, en donde su escuela y 55 viviendas están  totalmente sitiadas por una finca piñera desde hace más de 3 años.

“Estamos pegados a la piña totalmente, y he visto cómo riegan los químicos a la orilla de la escuela en hora lectiva, por ahí de las 9 o 10 de la mañana; además, toda esta gente consume agua de pozo artesanal”, detalló Aurelio Ramos, uno de los vecinos afectados.

No fue sino hasta finales del 2008 que Andrea Corte, vecino de Caño Negro e integrante de ASOPROCOSARENA,  interpuso una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), y desde ese momento se inició una fase de recopilación de datos, para emitir un criterio sobre la actividad de la finca.

El Tribunal solicitó a las diferentes instituciones relacionadas un informe, donde se especifique los alcances de la finca que está en manos de la empresa Jimmy Huase S.A;  pero, solamente la Dirección General de Aguas señaló al tribunal que no existen cauces de dominio público de carácter permanente, luego de un estudio realizado en época seca. Ahora  el Tribunal pidió un nuevo estudio, en el que se aclare si con el aumento de las precipitación existe algún impacto en las tomas de agua comunales.

Miguel Zamora, juez que lleva la denuncia en el Tribunal Ambiental, pidió a la comunidad que le demuestre que esa empresa contamina con  agroquímicos  y que precise cuántos niños han sido afectados, para así poder actuar. El Tribunal pide datos al Ministerio de Salud, porque teniendo esa información podríamos actuar más rápido. Esta piñera está en espera, porque no hay ningún documento que me diga que está contaminando”, alegó.

Esta denuncia se encuentra paralizada, ya que el TAA solicitó un informe al Área Rectora de Salud de Los Chiles, en el que debe indicar si existe algún riesgo para la salud de la comunidad.

Pese a que el Ministerio de Salud ha sido notificado en tres ocasiones –la última de estas el pasado 1 de mayo-, no ha emitido un criterio, por lo que  ahora se expone a una denuncia ante el Ministerio Público, en el caso de que no responda en  un plazo de 10 días hábiles.

Este Semanario intentó conocer la opinión de la Ministra de Salud, Daysi Corrales; sin embargo, no fue posible obtener su posición sobre la denuncia de los habitantes de El Jobo de Caño Negro.