Editorial del programa de Radio Voces y Política, 3 de noviembre del 2021
Una reforma de los artículos 3, 4, 7, 69 y 70 de la Ley de Biodiversidad, N.° 7788, del 30 de abril de 1998, se tramita en Asamblea legislativa y ha sido el centro de una discreta pero enconada disputa, ya que involucra la tutela de la biodiversidad como bien de dominio público. La propuesta tiene el número de expediente Nº21807 y la misma fue presentada por la diputada Silvia Hernández Sánchez en la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.
El texto de ley fue dictaminado el pasado 30 de septiembre sin realizar las consultas pertinentes al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ni a su ente especializado en el tema, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). En la comisión tienen asiento en una comisión plenaria representantes de la sociedad civil como ecologistas, campesinos, indígenas, universidades, empresarios e instituciones públicas relacionadas al tema.
Según el MINAE “el texto final del expediente, tiene serias implicaciones, porque desregula un bien de dominio público que es de todas y todos los costarricenses”. Asimismo, añade que la “Propuesta dictaminada implica desregular temas incluidos en la Ley de Biodiversidad con consecuencias graves que afectan la conservación de la Biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se generen de ese uso”.
A pesar de no ser consultada por la comisión legislativa, la CONAGEBIO ha enviado distintas comunicaciones, participado en espacios – propiciados por la rectoría de la UCR- que buscaban llegar a un acuerdo entre las partes. También, la CONAGEBIO aprobó una propuesta de texto sustitutivo, que fue construido con base en la consulta realizada a 35 instituciones públicas y privadas vinculadas con el tema y a 140 usuarios que han solicitado permisos a los recursos genéticos y bioquímicos de la Biodiversidad del país. El MINAE insiste que en el texto final los argumentos de peso planteados por parte de la CONAGEBIO no fueron tomados en cuenta en la propuesta final dictaminada.
Parece que el fondo del asunto no se reduce a una simple discusión de simplificación de trámites y requisitos administrativos para facilitar los permisos de los investigadores, instituciones o interesados. Además, se ha presentado como un supuesto conflicto entre la autonomía universitaria y la competencia del MINAE de resguardar el dominio público, velar por la conservación y uso sostenible de Biodiversidad y garantizar la distribución justa y equitativa que se derive de ese uso, que tiene por mandato legal.
La discusión es compleja pues involucra una temática sumamente técnica-científica y legal donde se incluyen convenios internacionales como el de Biodiversidad Biológica y otras series de instrumentos. También, implica toda una jerga y terminología propia de una actividad muy especializada de legislación internacional e investigación.
