Editorial del programa de Radio Voces y Política, Miércoles 8 de junio del 2022

La lucha por el agua se extiende por la región latinoamericana despertando conflictos, organización y defensa en los diversos territorios. La forma y ritmo de consumo de agua dulce que crecientemente obligan a monopolizar y apropiarse de las principales reservas, responden a la intrínseca modalidad depredadora del capitalismo. Cada 20 años el consumo de agua dulce se duplica, es decir, un índice más de dos veces superior al ritmo de crecimiento poblacional mundial.

Las actividades industriales consumen más del 25% del agua del planeta, y entre 65% y 70% se atribuye a las actividades agroindustriales, es decir, qué un porcentaje reducido está destinado para el consumo humano. 

El auge de los extractivismos de bienes comunes de la naturaleza con una preponderancia del agua como materia prima necesaria a lo largo de toda la cadena de valor de estas formas de apropiación, implica un modelo insostenible, insaciable y violento, que cada vez descubre nuevas formas de mercantilizar la vida en todas sus formas.

Al ser un bien disputa, se vuelve necesario pensarla en su carácter comunitario, democratizante y de acceso igualitario, como medio para garantizar una vida digna y con autonomía. En ese camino, es fundamental empezar por visibilizar el acceso diferenciado 

Esta dinámica tiene impacto en distintas esferas: 

• actividades socioeconómicas
• uso doméstico y consumo 
• ambiental: destrucción de la biodiversidad 
• A  nivel organizativo: un mayor uso del tiempo destinado a la gestión del agua
•  estado de salud y sanidad, ya que en muchos casos el agua obtenida no es segura para el consumo ni para la producción de cultivos o la cría de animales, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias. 
• Con la expansión del COVID, esta problemática se profundizó ante la escasez de un elemento considerado central en la protección sanitaria.

Toda esa lógica de apropiación y comercialización del agua ha decantado en una serie de proyectos regionales que buscan fortalecer lazos, abaratar costos e incrementar las exportaciones. Un caos particular, es el llamado antiguamente Plan Puebla Panamá, que en el 2008 pasó a llamarse Plan Mesoamérica declarado en el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada en Villahermosa, México, como resultado de un proceso de reestructuración institucional, esta iniciativa es un instrumento de proyección hemisférica de la pax americana para reconfigurar y rearticular las mejores opciones de acumulación de capital en favor de los grupos de poder empresariales de Estados Unidos y sus aliados en Mesoamérica.

En Costa Rica como parte de ese Plan qué busca principalmente qué en nuestra región se profundice la generación eléctrica, ha tenido una tendencia gobierno tras gobierno a expandir los proyectos hidroeléctricos en territorios campesinos e indígenas principalmente. Ante la amenaza sobre los medios de vida, han emergido movimientos y colectivos organizados comunitariamente.

Uno de esos casos es la comunidad Longo Mai en Buenos Aires de Puntarenas, un lugar que entre verdes y sonidos armónicos llevó a cabo una fuerte lucha desde el 2013 y hasta el 2016 por defender a los Ríos Convento y Sonador contra los proyectos Hidroeléctricos Monteverde I y Monteverde II qué se pretendían imponer.

Esta comunidad realiza cada año una actividad qué han llamado Fiesta del Agua,un espacio qué definen para encontrarse, celebrar, recordar y dialogar en torno a las defensas que se gestan en tantos territorios del país por este bien, pero serán ellos y ellas quienes nos cuenten más acerca de este fiesta.

 Este año, como en ediciones pasadas, el Programa Kioscos Socioambientales se une a la Fiesta del Agua en el marco de la declaratoria del CONARE “Universidades para las comunidades”

Para las autoridades universitarias, la UCR se plantea como un actor esencial en el desarrollo social, económico, político, científico, tecnológico, cultural y ambiental del país, ya que con su quehacer docente, de investigación y principalmente desde la acción social ha beneficiado a las comunidades mediante la búsqueda de soluciones a las problemáticas y los desafíos que enfrentan, para mejorar así la calidad de vida de la sociedad costarricense. Gracias al trabajo en acción social, se ha fortalecido el vínculo Universidad-Sociedad, al promover la construcción de saberes y conocimiento, así como la solución de los problemas que afectan a las comunidades y a las poblaciones más vulnerabilizadas del país.