Editorial del programa de Radio Voces y Política, miércoles 22 de setiembre del 2022
El curso está dirigido a todo público, personas de organizaciones sociales, con prioridad a estudiantes que acompañen procesos con comunidades indígenas en proyectos, trabajos finales de graduación y otros. Se viene desarrollando desde el presente mes este mes de setiembre y hasta principios de octubre.
Es organizado por proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) inscrito en la Escuela de Geografía, y el proyecto Mujeres y Agroindustria (ED-3574) inscrito en la Escuela de Sociología, ambos del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social.
Este curso busca brindar elementos de análisis crítico sobre los fundamentos legales, históricos, políticos y culturales que demuestran la legitimidad y legalidad de las recuperaciones indígenas en la zona sur del maíz.
Pretende dar a conocer in situ la situación de las recuperaciones en cuanto a amenazas y agresiones que viven las personas recuperadoras, como también la transformación del territorio que están llevando a cabo y la revitalización de prácticas culturales.
Además, busca visibilizar las distintas iniciativas de investigación y acción social que han desarrollado proyectos de universidades públicas apoyando las organizaciones propias y agendas de comunidades de pueblos indígenas.
El curso se desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales con una amplia participación de personas inscritas, especialistas y con lideres y lideresas de las comunidades indígenas.
Es parte del trabajo que viene realizando históricamente el Programa Kioscos en acompañamiento a los pueblos originarios donde por más de 14 años hemos realizado 11 distintos proyectos que se han sistematizado y recogido en 15 publicaciones específicas.
Por décadas, la inacción, omisión y la impunidad han marcado la relación del Estado con los territorios indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la Ley indígena en el tema del saneamiento territorial. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más de 149 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas, registrados solamente durante 2020 y 2021 por la CLSS, evidencian la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas.
El clima de impunidad, se agudiza en un contexto donde aumenta la desinformación en prensa como en opiniones que circulan en redes sociales, sobre la situación de los pueblos indígenas y la tenencia de sus territorios. Por ejemplo, se han publicado noticias como “funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena. Y acusan intervención de la ONU con grupos de recuperadores ilegales” (La Extra, 11/07/22).
Además, con la propuesta del nuevo gobierno de la Mesa Técnica Interinstitucional se abre un nuevo espacio que no parece retomar la agenda construida en administraciones pasadas, las cuales articularon propuestas como el Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), la Medida Cautelar de la CIDH (MC-321-12 del 2015) y procesos de negociación con personas recuperadoras de casi una década. De tal manera, la nueva estrategia del gobierno en curso pareciera estar desdibujado el seguimiento a lo realizado por el Viceministerio de Paz, por lo que pareciera un “borrón y cuenta nueva” que genera incertidumbre sobre el logro avances en la resolución de conflictos de territorios indígenas en el poco tiempo que significan 4 años de gobierno.
En medio del contexto del giro del gobierno entrante, Catalina Crespo la Defensora de los Habitantes, en reunión con actores involucrados en participar de acciones violentas hacia población indígena, dio declaraciones cuestionando la legalidad de las recuperaciones sin tomar en cuenta criterios legales propios de los derechos de las comunidades indígenas y haciendo caso omiso a las denuncias históricas que la misma Defensoría ha recopilado y del trabajo en promoción de los derechos de todas las personas. Al respecto, un grupo de 52 personas académicas realizó un pronunciamiento para solicitar a la Defensora aclarar su posición sobre las recuperaciones indígenas (SURCOS, 21/01/22).
Debido a las razones mencionadas, creamos este curso como una forma de promover un diálogo donde se pueda presentar información fundamentada sobre la situación de los pueblos indígenas, en miras de fortalecer la defensa de los derechos humanos, justicia social y ambiental.
