Por Mauricio Álvarez docente Kioscos Socioambientales Abr 26, 2016
Desde el gobierno pasado, se anunciaron “nuevos esquemas financieros” para el P. H. Diquís, lo cual, en la práctica, significa la desnacionalización del proyecto, aduciendo la situación financiera del Instituto Costarricense de Electricidad (La Nación, 29/06/2012).
El argumento de restringir el endeudamiento (costos versus inversiones) no es nuevo, y tiene que ver con la intención de entregar a las transnacionales las partes más rentables que sobreviven en el ICE (Ambientico, #226 Agosto 2012, p.14). Como quedó claro, existió la voluntad de entregar el P. H. Reventazón y recientemente el P. H. La Perla, amparándose en la Ley (N.° 8660).
Lo nuevo es el interés de los chinos en el Diquís o, más bien ¡Chinis!, que pareciera haberse disimulado muy bien por la precaria situación con los negocios “de” y no “con” China y la compra de bonos de Costa Rica (Diario Extra, 2-3-16).
Los negocios son “de” China, pues han llegado tan a su medida y beneficio; han sido tan malos negocios “con” el país, que hasta los mismos políticos se ruborizan y se preocupan de nuestra suerte ante la voracidad china.
Un Acuerdo Bilateral de Inversiones (ABI) con China, aprobado en días recientes, les asegura que, de ahora en adelante, proyectos como la refinería y la ruta 32 serán cobrados “de pe a pa”. A los chinos les quedó claro que acá necesitarán los mecanismos de extorsión del CAFTA, ya sea para aligerar sus negocios o para cobrar más fácilmente su indemnización.
Este nuevo “tratado”, que pasó sin mayor discusión pública, lo hacemos con la economía más voraz frente a los recursos naturales globales, interés que se plasma en la definición de inversiones y bajo la concesión para explotación de recursos, sometiéndonos a los tribunales arbitrales. Esto en la medida que se une a la prohibición de las “medidas equivalentes a expropiación”, donde los tribunales arbitrales han incluido una extensa variedad de acciones estatales como la aprobación de legislación ambiental, en defensa de derechos sociales y económicos.
Si le parece poco lo anterior, el acuerdo con China legaliza las formas de esclavitud y las formas de violación de los derechos laborales que los inversionistas quieran para sus coterráneos, que no gozarían de los derechos y garantías laborales, al aducir que “nuestra legislación laboral limita los rendimientos económicos de su inversión” (Frente Amplio, 29-03-2016).
Volviendo a los bonos chinos, en una serie de publicaciones (Diario Extra, 21 -4 -16 y Diario Extra, 23 -4 -16) que enojaron al presidente, se desvela una negociación directa y secreta de Solís con su homólogo chino. El presidente negó los hechos, pero una entrevista con el ministro de Hacienda sembró la duda.
Para otros sectores, como los pueblos indígenas y las comunidades afectadas, la alarma está en que proyectos como la ruta 32, el Diquís y la refinería estén en los supuestos condicionamientos de la negociación de compra de los bonos para paliar la “difícil situación fiscal” aducida por Solís.
Cierto o no, la información desvelada empieza a calzar con una serie de acciones que podrían ser parte de estos condicionamientos: primero, la aprobación del tratado para asegurar futuros proyectos como el Diquís u otros que han quedado dormidos, como el acuerdo con la compañía estatal china China Nacional Petroleum Corporation(CNPC), que liga la refinería con la extracción petrolera. Segundo, el anuncio y aceleración del protocolo de consulta de pueblos indígenas, con el claro objetivo de tener la llave para extraer recursos y hacer megaproyectos en estos territorios. Tercero, el discurso del MINAE, que prepara el terreno para anunciar una nueva fórmula mágica que reviva la moribunda refinería China (crhoy.com; 7-5-16).
A estas tres medidas es probable que se unan nuevos anuncios y condicionamientos en relación con la ruta 32, entre otros que se mueven en las sombras del secretismo que ha caracterizado desde el inicio la relación con China, como quedó en evidencia con la “chinificación” del Diquís.
