Indígenas reclaman ¢200 millones por extracción de materiales

Juicio contra CNE y Dirección de Geología y Minas se realizó el viernes.Indígenas quieren que juicio aclare si son copropietarios de minerales

Por Amy Ross A en  nacion.com

El Tribunal Contencioso Administrativo definirá dentro de ocho días si el Estado debe indemnizar a los indígenas cabécares de Talamanca por extraer 30.000 metros cúbicos de material aluvial de su territorio.


El juicio se efectuó el viernes en Calle Blancos, San José, y la sentencia se dictará el miércoles 5 de octubre a las 3 p. m.

La demanda por ¢200 millones surgió luego de que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) removió material de la reserva en octubre del 2009, sin pedir autorización a los aborígenes. El permiso lo otorgó la Dirección General de Geología y Minas a partir de un decreto de emergencia.

Ambas entidades figuran entre los demandadas, así como la Asamblea Legislativa.

La semana pasada, Cynthia Cavallini, coordinadora del Registro Nacional Minero, aseguró que, cuando la extracción la solicita el mismo Estado, no se tiene que pedir el permiso de los indígenas.

¿Copropiedad? El representante legal de los cabécares, Danilo Chaverri Barrantes, exteriorizó ayer su deseo de que el Tribunal se pronuncie sobre un tema de fondo más complejo: la copropiedad de los minerales entre el Estado y los indígenas en las reservas.

“Ese es un debate que se tiene desde hace muchos años y la idea es usar este juicio para cuestionar si realmente el Estado reconoce que los indígenas son copropietarios”, aseguró Chaverri.

Según el abogado, la defensa se enfocó en tratar de comprobar que los materiales removidos no eran de subsuelo, ya que las normas se refieren expresamente a los minerales de subsuelo.

El representante del Estado, Jorge Oviedo, dijo, mediante la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República, que se esperaría a la sentencia para emitir su criterio.

Chaverri también argumentó que el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) protege los recursos en los terrenos indígenas.

“Ellos tienen una escritura sobre un territorio y son dueños. Por lo tanto, para sacar cosas hay que pedirles permiso. Parece ridículo porque, si le estuviera pasando a cualquier persona que no fuera indígena, no se estaría discutiendo”, concluyó.

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