Allan Astorga Gättgens Geólogo, profesor UCR en diarioextra.com

Ante la caída del índice de competitividad del país en cinco puntos, en los últimos años, y algunas opiniones que señalan el cumplimiento ambiental como una de sus fuentes, resulta importante considerar algunos puntos.

Lo que catapulta a un país hacia su mejora socioeconómica y lo hace eficientemente competitivo es que tenga su derrotero de progreso bien definido. En nuestro país se ha establecido un modelo de desarrollo que todavía debe ser afinado, pero que tiene un claro norte cual es sustentar el avance del país en la protección del ambiente y los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable.

Desde hace más de 30 años se estableció un amplio sistema de áreas protegidas, que hoy representan la principal fuente de ingresos, con más de $2.000 millones de dólares anuales, y que podrían dar aun más, si convenciéramos a los países ricos del mundo que invirtieran en la conservación de valiosos bienes y servicios ambientales que producen.

El país se ha abierto a la inversión extranjera, pero ¡no a cualquiera, y menos la extractiva cuyo impacto ambiental es mucho mayor que otro tipo de inversión! Hay inversiones que sí benefician al país, hay otras que no. Desde hace más de 15 años el país optó por abrirse a la industria de alta tecnología, basado en que dispone de gente formada en nuestras universidades y capaces de dar la talla en estas labores. Nuestro país cuenta con talento y creatividad nacional, un extraordinario recurso, a veces desaprovechado con inversiones desajustadas a este potencial humano.

Todavía falta mucho qué hacer en el campo del agro para avanzar hacia una actividad ecológica y menos dependiente de los agroquímicos, donde ocupamos tristemente, según reportes recientes, el primer lugar en el mundo por consumo. Asimismo, en el ordenamiento del territorio, la planificación energética y el fortalecimiento del modelo eléctrico, ejemplo para el mundo, impulsado por el ICE desde hace 50 años. También en la reducción sostenida de la factura petrolera y la protección y uso sostenible de nuestros recursos marinos, entre otras tareas pendientes.

Nuestro país no ha basado ni tiene que basar su desarrollo económico en actividades depredadoras y destructoras del ambiente, como la minería metálica, la explotación petrolera o la expansión inmobiliaria voraz e indiscriminada, que solo dejan beneficios económicos directos y de corto plazo a los inversionistas, mientras que el país, que es el que carga con el riesgo, recibe limitados y efímeros beneficios y la herencia de daños ambientales irreversibles, que debilitan su verdadera fuente de recursos y su imagen internacional, como ejemplo en el mundo respecto a la protección del ambiente y sus recursos. Algo que debería ser considerado también como parte del índice de competitividad con que se nos mide.

“Inseguridad jurídica”. Como se ha mencionado ya, la presunta inseguridad jurídica que existe en nuestro país no surge como producto de los requerimientos legales en materia ambiental, sino por el contrario, del hecho de que se incumplan dichos requerimientos. Algunos proyectos que se señalan como ejemplos para demostrar esa inseguridad jurídica tienen como común denominador que presentan inconsistencias en la forma en que tramitaron sus permisos ambientales. El que ahora se le quiera achacar “la culpa” a la existencia de regulaciones, es otra cosa.

Empresas como Intel y otras muchas industrias de alta tecnología localizadas en nuestras zonas industriales, y otros miles de proyectos que han tramitado sus permisos ambientales, desde hace casi 15 años, han cumplido; de manera que los ejemplos que algunos señalan son más bien “especiales” que no representan a la mayoría.

Visto así, la fuente de inseguridad jurídica y, por tanto, el debilitamiento en la competitividad que algunos dicen que se deriva de ésta, es más bien la falta de cumplimiento ambiental por parte de algunos proyectos y sus promotores y asesores, así como de políticos que los favorecen, pues lejos de agilizarlos los llevan a una situación de incumplimiento que los entraba legalmente.

Cumplimiento ambiental. La solución para hacernos más competitivos y avanzar como nación hacia una sociedad más equitativa y sostenible no es eliminar las trabas a la inversión y abrir los recursos naturales del país a la inversión indiscriminada y que sea el mercado el que rija los destinos de nuestro “desarrollo”.

Hacer esto es hipotecar nuestro futuro y el de nuestros hijos, y condenar al país a seguir viviendo en un subdesarrollo no solo económico, sino, peor aún, en un subdesarrollo mental, cultural y moral.

El camino a seguir es claro, se requiere dialogar, analizar los problemas y retos del desarrollo, y planificar a corto, mediano y largo plazo el progreso del país, basado en el uso racional de nuestros recursos naturales y la protección de nuestro ambiente.