Alejandro Portilla Navarro Periodista en cu.ucr.ac.cr


El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Asamblea Legislativa desestimar cuatro de los textos propuestos para la Ley General de Electricidad, pues considera que podrían poner en riesgo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al privilegiar el interés privado sobre el público.

Para el Órgano Colegiado, de los proyectos que actualmente se encuentran en estudio, la propuesta N.° 17.811, es la que debería servir como base para redactar la Ley, ya que es la única que mantiene el modelo actual de electricidad que ha demostrado ser exitoso en cuanto a confiabilidad, satisfacción de la demanda, bajos precios, solidaridad y universalidad; además, propicia la inversión privada, con el ICE como responsable de la planificación del sector.

Con el modelo vigente en la actualidad, Costa Rica alcanzó un 99% de cobertura, ha mantenido los precios más competitivos en relación con Centroamérica y Europa, y ha utilizado un porcentaje mínimo de energía generada a partir del petróleo, sobre todo para asegurar la oferta durante la época seca.

En el criterio remitido a la comisión dictaminadora de la Asamblea Legislativa, la UCR se refirió especialmente al proyecto N.° 17.812, presentado por el Poder Ejecutivo el año anterior, el cual, según esta casa de estudios superiores,  pondría a Costa Rica en el mismo nivel de los demás países centroamericanos en el mediano plazo, ya que el esquema planteado es completamente opuesto al utilizado en nuestro país.

El Consejo Universitario advirtió que esos proyectos de ley privilegian el interés privado
y podrían poner en riesgo la existencia del ICE. (Foto: Andrea Jiménez)


El Consejo Universitario también cuestionó la forma en que las empresas privadas competirían en el mercado eléctrico, pues el modelo propuesto sugiere que sea a través de subastas, lo cual reduciría las posibilidades de que exista una competencia real.

Además, señaló que las intenciones plasmadas en la propuesta pondrían en peligro el suministro eléctrico y la respuesta a crisis energéticas, al eliminar la responsabilidad de satisfacer la demanda eléctrica en el país, que actualmente le corresponde al ICE.

En este sentido, la legislación vigente contempla mecanismos de participación privada y favorece las alianzas estratégicas entre el ICE, las cooperativas, empresas municipales y el sector privado, las cuales se llevan a cabo mediante el trabajo complementario no sustitutivo, bajo regulación y fiscalización estatal.

Otros aspectos que la UCR considera negativos del proyecto son: el establecimiento de niveles salariales privados en el sector público, y el nombramiento político de funcionarios. Por otra parte, el desarrollo y operación del sistema eléctrico se complicarían, elevando los costos, cuando lo ideal sería que estos se reduzcan.
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