Editorial del programa de Radio Voces y Política, 10 de marzo del 2022.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (la CEPAL), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, también llamado popularmente “Acuerdo de Escazú”, es un tratado internacional que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, principalmente defensoras ambientales y de derechos humanos.
Este tratado se aprobó el 4 de marzo del 2018, después de dos años de sesiones preparatorias que se llevaron a cabo entre el 2012 y 2014. Las sesiones fueron desarrolladas por el Comité de Negociación, compuesto por 24 países de la región, quienes establecieron una Mesa Directiva, en donde Chile y Costa Rica fueron los copresidentes del proceso.
Es importante reconocer que este tratado es el único vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
A pesar de que este se abrió para los 33 Estados miembros de la región latinoamericana, hasta el día de hoy ha sido firmado por 24 países y ratificado solo por 12 de ellos, estando Costa Rica, país promotor de este tratado, ausente en su ratificación. Recordemos que nuestro país, al menos en términos prácticos, no ha garantizado ningún tipo de protección para las personas defensoras ambientales y de derechos humanos. De hecho, la región latinoamericana es una de las más peligrosas del planeta para quienes defienden el ambiente.
Para cerrar esta línea editorial, frente a la impunidad en los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera, y de la oscura lista de personas asesinadas por asuntos ecologistas, Costa Rica se suma a países como Colombia, Honduras, México y Guatemala, que evidencian el poco interés para salvaguardar la vida e integridad de personas, movimientos sociales y organizaciones comunitarias que está defendiendo el ambiente y la naturaleza.
