Editorial del programa de Radio Voces y Política, Miércoles 25 de mayo del 2022
Este movimiento nacido hace 12 años es un continuo desde décadas y siglos de resistencia indígena.
No bastó el violento despojo originario de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que los redujo a 24 territorios en todo el país, que solo ocupan nominalmente 334 000 hectáreas, un 6,4% del territorio nacional actual. A muchos “blancos” no les ha bastado con todo lo usurpado, sino que siguen robando las tierras a quienes son poseedores legales y legítimos de esos territorios indígenas. Antes del inicio de las recuperaciones había territorios donde solo un 10% estaban en manos de personas originarias y un 90% están en manos de personas no indígenas.
En los noventas iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas que años después devienen en los procesos de recuperación de territorios indígenas de la zona sur y norte de Costa Rica.
Por décadas, la inacción, omisión y la impunidad ha marcado la relación del Estado con los territorios indígenas. La mayor evidencia es el incumplimiento de la Ley indígena en el tema del saneamiento territorial. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.
Dos asesinatos, 17 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas -registrados solamente durante 2020- evidencian la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de los territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales del año pasado hubo un violento ataque contra el dirigente indígena cabécar Leonel García.
En la base de esta pirámide de violencia se encuentra de manera monolítica el despojo de tierras, la imposición de formas de gobierno y un castigo permanente a cualquier forma de autodeterminación y autonomía. Toda esta pirámide también la constituye la impunidad histórica, que crece y se evidencia cada día más. Si el Estado incumple la ley, entonces los usurpadores se sienten con licencia no solamente de violar la ley sino de atentar contra las personas recuperadoras.
Algunas preguntas que surgen son: ¿Cómo eran las comunidades antes de las recuperaciones?, ¿por qué se decide recuperar un territorio?, ¿qué es una recuperación?, ¿Cómo es el procedimiento para recuperar un territorio?, ¿cómo ha sido la historia y las variaciones entre una comunidad y otra?, ¿cuáles son las respuestas del Estado y usurpadores?, ¿cómo han cambiado la cultura y la vida de los territorios?
