Solicitan aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones y que el conflicto que viven los pueblos indígenas no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas de conocimiento público.  

Hay un cambio de marea y no pinta nada bien. La señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, visitó el territorio Indígena de Salitre guiada por la abogada Thais Vidal, quien en el 2015 fue condenada a tres años de cárcel por usurpar tierras indígenas Bribris dentro del mismo territorio de Salitre. Durante este recorrido, Vidal solicitó que se despidieran a dos personas funcionarios de la Defensoría y reunió a la señora Crespo con finqueros que han sido denunciados por usurpación por organizaciones pro-defensa de los derechos indígenas y activistas ambientales.

En las noticias posterior a la visita se lee: “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve”, dejando en evidencia un desconocimiento de la situación en los territorios indígenas, y alertando a personas activistas y líderes indígenas por estar asesorada y rodeada personas denunciadas por usurpación y que al fin y al cabo tergiversan la situación.

Según se pronunciaron las personas firmantes “Los propios pueblos indígenas, los organismos internacionales, diferentes organizaciones no gubernamentales, y la Defensoría de los Habitantes han documentado y denunciado durante décadas y en repetidas ocasiones, la grave violación a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, la cual ha venido escalando y agudizando a vista y paciencia de la institucionalidad pública y de las autoridades de todos los poderes de la República. Hay avances formales y normativos, pero no hay resultados efectivos, ni en la solución de las situaciones urgentes, como lo son la recuperación de sus tierras y la legítima auto representación política, ni en los problemas estructurales e históricos de esta población”.

Aseguran que “Hay en esta acción continuada, más que una desaplicación de la ley, una negación persistente de la condición de sujetos históricos y de sujetos de derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que es en extremo preocupante”.

Es decir, por un lado, se entorpece y hay parálisis del Estado en temas de la aplicación de legislación y por otra se intentan criminalizar las recuperaciones de los territorios por parte de las personas indígenas.

En el caso de las recuperaciones de tierras en Salitre recuerdan las personas firmantes “es necesario considerar la insistencia y gestión indígena durante decenas de años para reclamar sus tierras por todas las vías legales posibles. Desde los años noventa los indígenas venían planteando procesos judiciales agrarios de reivindicación, que en algunos casos tardaban hasta 8 o 10 años en ser fallados en favor de la comunidad indígena. Luego sucedía que las órdenes de desalojo no se concretaban por múltiples razones de tipo administrativo y hasta político.

Para las y los firmantes : “Las recuperaciones de tierras son acciones desesperadas que tienen una justificación en la desidia institucional, en la negación de acceso a la justicia, y en la presión histórica que los usurpadores no indígenas ejercieron para dominar en todas las esferas, y apropiarse de estas tierras impunemente.”.

 La falta de conocimiento y las declaraciones dadas por diferentes medios por la Defensora de los Habitantes, amenazan con criminalizar aún más estas recuperaciones, y con dejar impune las innumerables violencias hacia las personas indígenas incluyendo los dos asesinatos de los líderes Sergio Rojas y Jehry Rivera.

Según el pronunciamiento “la ley – y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones- los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas, por eso el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos”.

Es ante lo anteriormente expuesto aseguran “nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas”.

Ante todo lo anterior solicitaron a la Defensoría de los Habitantes conforme a su misión de tutelar los derechos en general y de los pueblos indígenas en particular y en su agenda como Defensora, se mantenga la acción consecuente que la ha caracterizado en la defensa y restitución de derechos de los Pueblos Indígenas, que aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones y hacen un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría.

Ver pronunciamiento completo con firmas: https://drive.google.com/file/d/1TyDAqWbvvvE3zECK1Qf3HJwObrmpqXc-/view?usp=sharing

Elaborado por con el apoyo del Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR